Diario Digital Correo del Sur
MOSTRARON EL VIDEO DE UNA SESIÓN DE SALA PLENA DONDE SE HIZO LA SINDICACIÓN

Denuncia de corrupción salpica a dos magistrados

11 Agosto 2017Sucre/CORREO DEL SUR
DENUNCIA. Las magistradas Cinthia Armijo y Deysi Villagómez en la conferencia de prensa.

DENUNCIA. Las magistradas Cinthia Armijo y Deysi Villagómez en la conferencia de prensa.

DENUNCIA SUBJETIVA

La Presidencia del Tribunal Agroambiental calificó de subjetivas las denuncias y pidió pruebas para remitir el caso a investigación.

Una denuncia de un supuesto hecho de corrupción salpica a dos magistrados del Tribunal Agroambiental. En una audiencia pública que fue grabada en Sala Plena y ante siete magistrados un grupo de litigantes de Cochabamba denunció supuestas entregas de dinero y tragos al magistrado Ricardo Soto en Villa Tunari; el sindicado negó tal situación y anunció acciones legales contra los denunciantes, mientras el Presidente de este tribunal, Javier Peñafiel, calificó de “subjetivas” las denuncias. También acusan a la magistrada Patty Paucara.

Con la reposición de Sonia SuEn el video grabado por las cámaras de Sala Plena, que fue revelado por las magistradas Daysi Villagómez y Cinthia Armijo en una conferencia pública, se muestra a un grupo de personas que se identificaron como víctimas de ventas irregulares de terrenos en el cerro Cota de Cochabamba, dentro de una demanda de título ejecutorial.

Uno de los dirigentes, Jaime Boris Choque, denunció un supuesto tráfico de influencias, abuso de poder, corrupción y consorcio de magistrados y abogados en el caso Cota.

Choque, de frente a los magistrados, sostuvo que el abogado Fernando Inturias y la familia Mercado Muriel les obligaban a depositar dineros para entregarlos supuestamente a los magistrados.

Mostró fotos de una supuesta visita de los litigantes y el abogado Inturias a la casa del magistrado Soto, en Villa Tunari, llevando trago, de la que tomaron fotos como evidencia.

“Esos señores me dijeron 'sacá foto, por ahí se va a negar el señor magistrado cuando le demos el dinero'”, señaló Choque.

Sostuvo que en una reunión en el despacho de la magistrada Patty Paucara, Fernando Inturias, Marcos Aparicio, Guadalupe Mercado y otros dirigentes, con la presencia de la actual asambleísta Sandra Siñani, los magistrados les pidieron que “traigan unas coordenadas que les dieron ellos y presenten con eso”, como un supuesto direccionamiento del proceso.

Las magistradas Armijo y Villagómez, en conferencia de prensa, denunciaron que estos hechos irregulares están saliendo a luz después de mucho tiempo de encubrimiento de parte de sus colegas y que solicitaron sean remitidos a la Asamblea Legislativa.

Después de las sindicaciones, el magistrado Soto anunció que emprenderá las acciones penales en contra de las dos magistradas para que respondan por sus acusaciones y lamentó ser víctima de una "represión" permanente desde 2012.

Sobre la denuncia de supuesta venta de fallos, Soto respondió que la misma es soliviantada por un litigante perdidoso de situaciones que nunca se dieron en la institución y menos en su persona.

Señaló que estas personas denunciaron el hecho ante la Asamblea Legislativa que rechazó el caso por falta de pruebas; en Quillacollo se abrió otra investigación penal que también fue rechazada, intentaron recusarlo de este caso pero no dio curso a la misma.

El presidente del Agroambiental, Javier Peñafiel, admitió que estas personas denunciaron intentos de cobros identificando a algunos magistrados de Sala Primera, pero sin ningún sustento legal, según sus palabras.

Peñafiel calificó de subjetivas las afirmaciones de los denunciantes, más aún si los hechos ya fueron denunciados en Cochabamba y no prosperaron por falta de pruebas.

Aclaró que en la denuncia no se identifica la entrega de dineros o sobornos a los magistrados y dijo que si estas personas remiten pruebas fehacientes, en su condición de Presidente, remitirá el caso a las instancias correspondientes.

La asambleísta Sandra Siñani dijo anoche que fueron a visitar a los magistrados Paucara y Soto para explicarles cómo sucedieron estos hechos pero jamás se habló de cobros. Admitió que Boris Choque estuvo con ellos pero después fue separado porque se unió a avasalladores que perdieron el proceso.

Desde el Ministerio de Justicia se informó que al ser la denuncia pública la autoridad ejecutiva tomará conocimiento para pronunciarse después.

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