Los familiares de fallecidos en la "guerra del gas" realizaron este lunes un plantón en La Paz para pedir justicia, en el día que inició en Estados Unidos el juicio civil contra el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada por muertes de civiles en aquel conflicto.

Una veintena de personas se apostó frente a la iglesia de San Francisco en el centro de La Paz durante varias horas, con gritos de "justicia ahora", y extendieron una bandera negra con inscripciones que recordaron a sus familiares caídos en las jornadas de aquella revuelta social en octubre de hace quince años.

El dirigente Juan Patricio Quispe declaró que los familiares de los fallecidos y de los heridos de la conocida como "guerra del gas" están "esperanzados de que pueda encontrarse responsabilidad" de Sánchez de Lozada (1993-1997 y 2002-2003) y el ex ministro de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín (2003).

El juicio contra Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín se inició hoy en los tribunales de Fort Lauderdale, en Miami (EEUU), con la premisa de conformar a los miembros de la corte que decidirán si los demandados tuvieron responsabilidad en las muertes y si deben indemnizar a los demandantes.

A ambos se los responsabiliza de que murieran 68 personas en 2003 y unas 400 resultaran heridas, según familiares de las víctimas, durante las protestas sociales contra el proyecto que promovía el Gobierno boliviano de exportar gas a través de Chile.

Las familias de ocho fallecidos demandaron a Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín con el cargo de planificar matanzas extrajudiciales, acusación que pueden juzgar tribunales de Estados Unidos en virtud de una ley de este país sobre protección de víctimas de tortura.

"Nosotros vamos a seguir luchando, queremos que Gonzalo Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín lleguen a Bolivia, queremos verlos en la cárcel", dijo a Efe Martha Mamani, una mujer aimara que en 2003 quedó viuda y para quien el juicio civil no es suficiente.

Tanto el ex presidente como el ex ministro de Defensa residen en Estados Unidos desde que Sánchez de Lozada renunció en octubre de 2003 en medio de las protestas sociales.

El Gobierno de Bolivia advirtió este lunes de que "no es suficiente" el juicio civil en Estados Unidos, ya que mantiene su demanda para que sea enjuiciado por lo penal en su país.

Estados Unidos rechazó en 2012 el pedido de extradición del Gobierno de Bolivia, por incompatibilidad en las legislaciones de ambos países.