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INDEMNIZACIÓN PARA LAS VÍCTIMAS DE OCTUBRE DE 2003

Presagian otra “batalla” por la repartición de $us 10 millones

05 Abril 2018Agencias y CORREO DEL SUR
DEMANDANTES. Familiares y abogados que llevaron adelante el juicio civil contra Goni y Sánchez Berzaín abandonan la...

DEMANDANTES. Familiares y abogados que llevaron adelante el juicio civil contra Goni y Sánchez Berzaín abandonan la...

EN DESACUERDO

Gonzalo Sánchez de Lozada y el ex ministro Carlos Sánchez Berzaín, a través de una declaración firmada por sus abogados, expresaron su desacuerdo en el veredicto de la Corte Federal de Florida. 

De ratificarse el veredicto de condena el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y su ex ministro Carlos Sánchez Berzaín por la muerte de ocho víctimas en octubre de 2003, en Bolivia se anticipa que se desatará una dura pugna por los $us 10 millones de indemnización.

El dictamen del jurado dispuso de forma específica que son ocho los beneficiados. Sin embargo, Juan Patricio Quispe, presidente de la Asociación de Víctimas de Octubre Negro, aseguró que hay un convenio interno firmado entre las víctimas que obligaría a distribuirse el dinero entre las 64 familias que conforman la Asociación una vez se cubran las deudas con los abogados que patrocinaron y los gastos del viaje y la estadía de las víctimas en Estados Unidos.

“Nos han indicado que en Estados Unidos se estableció que es para las ocho personas, pero acá en Bolivia es para toda nuestra organización. Así lo hemos entendido porque hemos firmado acuerdos y todo eso se hará prevalecer en el tiempo que se puede acceder a eso (el pago)”, declaró ayer en Plaza Murillo, después de conocer el veredicto del jurado que atendió el juicio contra Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín.

Reveló que incluso existe un convenio interno con los abogados de Estados Unidos, a los que se deberá pagar primero. El monto aún no se conoce y, por tanto, no existe una cifra para decir cuánto tocará a cada una de las 64 personas, de las cuales cuatro son por familiares heridos y 60 por fallecidos.

Para Rogelio Mayta, abogado de las víctimas, es prematuro hablar de cuánto recibirán las familias afectadas porque se debe esperar que Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Sánchez Berzaín recurran a recursos legales que pueden llegar hasta la Corte Suprema de Justicia de EEUU.

“Hablar de dinero es prematuro, buscamos justicia; esto es un hecho que ya no se puede cambiar”, remarcó

El proceso fue impulsado sobre la base de acuerdos con diferentes instituciones de EEUU para financiar el patrocinio de los abogados, entre ellos, el programa de Derechos Humanos de la Universidad de Harvard, el Centro de Derechos Constitucionales, y una firma de abogados que no solamente aportaron con su trabajo, sino facilitaron el traslado y la estadía de las víctimas en Estados Unidos, explicó Mayta.

Gonzalo Sánchez de Lozada y el ex ministro Carlos Sánchez Berzaín, a través de una declaración firmada por sus abogados, expresaron su desacuerdo en el veredicto de la Corte Federal de Florida que los encontró “responsables” por las muertes en octubre de 2003.

“No estamos de acuerdo con el veredicto del jurado y creemos que la prueba era tan escasa que el caso nunca debería haber llegado a un jurado. Confiamos en el proceso y creemos que el veredicto se revocará cuando la ley se aplique correctamente”, dice la declaración escita por abogados Stephen Raber y Ana Reyes.

LA COMPENSACIÓN

El jurado consideró que el padre de la niña Marlene Rojas debe recibir una compensación de un millón de dólares. La madre de Marlene un millón y medio de dólares. Sonia Espejo con medio millón de dólares. Herman Apaza Cutipa con un millón y medio de dólares. Bernabe Calizaya con medio millón de dólares. Gonzalo Mamani con medio millón de dólares y los otros familiares con montos variables

Fiscalía dice que el veredicto beneficia

El fiscal Superior, José Manuel Gutiérrez, cree que el veredicto del jurado de un Tribunal de Florida, Estados Unidos, “beneficia de alguna manera la posición de Ministerio Público en la solicitud de extradición” del ex Presidente y del ex Ministro de Defensa, pero matizó su optimismo al señalar que antes “se debe recabar todo la documentación que corresponda para analizarla y vincularla a la solicitud de extradición”.

De hecho explicó que la figura jurídica de un juicio civil que buscó el resarcimiento a las víctimas no tiene nada qué ver con una demanda penal. “Creemos que son trámites de naturaleza jurídica diferente”, apuntó al manifestar que pese a ello “es una paso adelante en lo que significa llegar a la verdad material de los hechos de octubre de 2003”.

Similar criterio vertió el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, José Antonio Revilla, quien además sostuvo que el veredicto “sienta precedente que determinadas acusaciones a dignatarios de Estado pueden ser objeto de demandas y sanciones”.

Gutiérrez pidió un “poco de paciencia” porque se trata de la primera instancia y esta decisión puede ser apelable, para recabar toda la documentación. “Vamos a activar los mecanismos de cooperación internacional para acceder de manera legal a esos antecedentes y a la decisión judicial”, sostuvo.

El Ministerio Público gestiona la extradición de Gonzalo Sánchez de Lozada, Carlos Sánchez Berzaín y de Jorge Joaquín Berindoague. El Fiscal Superior informó que “hace casi dos años (el trámite) pasó del Departamento de Estado al Departamento de Justicia para su evaluación jurídica”, de donde no se emitió una posición hasta ahora.

Recordó que la Fiscalía General “ha agotado todas las vías, requisitos y contenidos del tratado de extradición. Esa es una decisión del gobierno norteamericano, ellos son los únicos que pueden responder”.

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