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LA MAYORÍA REACTIVADOS EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS POR EL LEGISLATIVO Y LA FISCALÍA

TSJ tramita 5 juicios por hechos de hace 20 años

12 Julio 2018CORREO DEL SUR y agencias
PROCESADO. El ex presidente Jorge Quiroga.

PROCESADO. El ex presidente Jorge Quiroga.

¿PRESCRIPCIÓN?

En criterio de un abogado penalista, estos casos tendrían que estar prescritos porque superaron los plazos de un enjuiciamiento establecido por la normativa que es de ocho años

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) tiene en trámite cinco juicios de responsabilidades contra ex presidentes y ex ministros, todos por hechos de hace 15 y 20 años que fueron activados en los últimos cinco a seis años por la Asamblea Legislativa con mayoría oficialista y el Ministerio Público. Hay al menos 30 solicitudes de autorización de juicio en el Legislativo, sin respuesta.

El caso que está más próximo a ingresar a juicio oral es el de Petrocontratos, en contra de los ex presidentes Jorge "Tuto" Quiroga Ramírez y Gonzalo Sánchez de Lozada y dos ex ministros acusados de no haber hecho homologar los contratos petroleros con el Congreso en 2002; gracias a esos contratos señala Tuto, hoy Bolivia está explotando gas.

Desde hace dos años que no se instala el juicio oral por problemas en la conformación del Tribunal; los actuales magistrados tienen previsto primero ponerse al día en los trámites de sus salas y Sala Plena para instalar la audiencia de juicio, según anunció el presidente del TSJ, José Antonio Revilla.

Los casos denominados FOCAS, ENFE, Orbisat y Reforma Educativa están todavía en fase de investigación bajo control jurisdiccional de la Sala Penal del TSJ, según confirmó su presidente, Olvis Egüez.

El caso ENFE está relacionado con la capitalización de la Empresa Nacional de Ferrocarriles y la venta de sus acciones por un valor inferior al real en 1995; están imputados, además de Sánchez de Lozada, unos 15 ex ministros que firmaron el decreto de capitalización.

En el juicio por el caso FOCAS (Formación de Capital en Áreas Secundarias), está el líder opositor Samuel Doria Medina, denunciado por un presunto desvío de dineros públicos, $us 21 millones, a cuentas privadas de Funda Pro en 1992, cuando era Ministro de Planeamiento del ex presidente Jaime Paz.

El último caso que ingresó como juicio de responsabilidades es el de Orbisat, que tiene como involucrados al ex ministro de Defensa Gonzalo Méndez, al ex comandante del Ejército Marcelo Antezana y otros por la adquisición supuestamente ilegal de un sistema de radar para el levantamiento de datos geográficos en la frontera Bolivia-Brasil-Perú, con una inversión de $us 22 millones en 2006. De este caso fue excluido el ex presidente Eduardo Rodríguez Veltzé.

Otro proceso en trámite es por la contratación de una consultora para la implementación de la Reforma Educativa en Bolivia, cuando había personal técnico en el Ministerio de Educación. Está procesado el ex ministro Isaac Maidana.

Todos estos procesos tendrían que estar extinguidos en criterio del abogado penalista Arturo Yáñez porque sobrepasaron los plazos de ocho años que establece el Código de Procedimiento Penal. Pero la Asamblea Legislativa, el Órgano Judicial y el Ministerio Público impulsan los juicios aplicando la ley de manera retroactiva.

En estos casos, el sistema judicial aplicó de diferente manera el procedimiento y la Ley, en algunos dejó a los presidentes en el juicio de privilegio y remitió a la vía ordinaria a los ex ministros y otros acusados; en otros, mantiene dentro de un juicio de responsabilidades a los ex ministros.

La diputada opositora Norma Piérola informó que en la Asamblea Legislativa están a la espera de autorización de juicio al menos 30 solicitudes contra ex presidentes y ex ministros, entre ellos, el de las muertes en Sucre durante los enfrentamientos por la Capitalidad Plena.

El último requerimiento acusatorio de la Fiscalía General para juicio de responsabilidades es contra el ex presidente Carlos Mesa por el caso Quiborax, que pasará a manos de la Asamblea Legislativa, la que definirá si es o no procesado.

Si el Legislativo prioriza la autorización de juicio por encima de las otras 30 solicitudes que están a la espera de autorización, como lo hizo con el caso ENFE y FOCAS, sería el sexto proceso de responsabilidades contra altas autoridades de Estado en el TSJ.

La abogada y ex magistrada Silvia Salame, señaló que la Asamblea debía pronunciarse de acuerdo con la fecha de ingreso de las causas, sin hacer priorizaciones, pero no siempre respeta esa correlación.

 

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