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LA DENUCIA LLEGÓ A LA FISCALÍA PERO POR UNA OBSERVACIÓN LA MISMA FUE DEVUELTA

Agroambiental: Denuncian presunto cobro por pegas

30 Julio 2018CORREO DEL SUR
DENUNCIA. Una denuncia involucra a funcionarios del Tribunal Agroambiental supuestos hechos delictivos.

DENUNCIA. Una denuncia involucra a funcionarios del Tribunal Agroambiental supuestos hechos delictivos.

SIN INVESTIGACIÓN

En la anterior gestión se conocieron varios hechos de supuestos cobros en el Consejo de la Magistratura y el Tribunal Constitucional Plurinacional que no se investigaron.

Las denuncias de supuesta extorsión para mantener en su fuente laboral a funcionarios persisten en el Órgano Judicial. Hace tres meses un hecho de supuesto cobro en el Tribunal Agroambiental fue denunciado en la Fiscalía Departamental pero la misma fue devuelta con algunas observaciones y al parecer ya no fue presentada.

En el hecho estaría involucrado el Secretario General del Tribunal Agroambiental que tiene una sentencia por el delito de extorsión, en la que se benefició con la suspensión condicional de la pena, en octubre de 2016.

Un Tribunal de Sentencia en Sucre le impuso un periodo de medidas de seguridad por dos años que se cumplirá en octubre próximo porque se acogió a la suspensión condicional de la pena; en julio de 2017 fue excluido por el Consejo de la Magistratura de la convocatoria a vocales, según un acuerdo de Sala Plena

Las autoridades del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), del Consejo de la Magistratura y del Ministerio Público conocían de la denuncia que involucra a funcionarios de mandos medios que finalmente no fue esclarecida.

El presidente del TSJ, José Antonio Revilla, señaló que no se trataba de cobros, sino de delitos del honor como calumnias y otros, que no fue aceptada en el Ministerio Público.

“Como TSJ en cuanto conocemos ese tipo de casos nos preocupa y nos involucramos directamente, asumiendo toda la responsabilidad cuando hay elementos suficientes de prueba”, aclaró.

Sin embargo, por la información a la accedió este diario, sí hubo intentos de cobro utilizando el nombre del Presidente del Tribunal Agroambiental; funcionarios afectados recibieron su carta de “agradecimiento” después de que no accedieron a cumplir con esa condición para seguir en el cargo, según testimonios.

Según la denuncia, a través de mandos medios se pidió inicialmente una “suma fuerte” para cubrir los gastos en la campaña en las elecciones judiciales y después entre Bs 1.000 y 1.500 al mes, dependiendo del nivel salarial del funcionario.

Este diario intentó hablar con las magistradas del Agroambiental sobre esta denuncia que es de su conocimiento y que denunciaron en la Fiscalía hace unos dos meses. Una de las magistradas, consultada al respecto, dijo que averiguaría sobre el hecho y que se contactaría con este medio de prensa pero no lo hizo.

En la Fiscalía Departamental se conoció que evidentemente la denuncia ingresó pero fue devuelta con algunas observaciones y se desconoce si volvieron o no a presentarla.

Se dijo también que la denuncia fue presentada en la Unidad de Transparencia del Consejo de la Magistratura contra los funcionarios involucrados, pero se constató que no llegó nada a esa instancia.

En una entrevista anterior, el presidente del Tribunal Agroambiental, Gregorio Aro, señaló que su autoridad será drástica con los funcionarios que estén involucrados en hechos de corrupción y dijo que al menos en los primeros meses no se había presentado ninguna denuncia.

El Presidente del TSJ recordó que hace tres meses, después de conocer por rumores un hecho en el que personas exigían la presentación de currículums ofreciendo cargos en el Órgano Judicial a su nombre y de algunos magistrados, hizo la denuncia respectiva y la persona acusada está cautelada.

“Que aprendan los corruptos de que su destino es la privación de libertad, no hay otra forma de combatir la corrupción”, sentenció.

Reveló que el TSJ está pidiendo informes de los nueve distritos judiciales para conocer cuántos funcionarios, jueces y de apoyo jurisdiccional están involucrados en procesos penales para hacer seguimiento y que éstos concluyan con medidas drásticas.

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