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CASO JET

Dueño del lujoso jet desiste de su avión por temor a su detención

31 Agosto 2018, 10:36EL DEBER
La nave había sido incautada por no tener ninguna autorización legal que posibilite su ingreso al país. FOTO: EL DEBER

La nave había sido incautada por no tener ninguna autorización legal que posibilite su ingreso al país. FOTO: EL DEBER

 La acusación por delito de contrabando presentado por el Ministerio Público, a denuncia de la Aduana interior de Santa Cruz, hizo retroceder al dueño del jet Super MidSize Gulfstream G III con matrícula N557JK, incautado en el aeropuerto El Trompillo de Santa Cruz, por lo que, a pesar de su costo millonario, desistirá de pelear su avión y lo dejará en manos del Estado boliviano.

El extranjero Ramón Castillo Manríquez aparece como el representante legal de la Empresa Global Exec Aviation LLC en la investigación penal a cargo de la fiscal Consuelo Severiche, del Ministerio Público de Santa Cruz.

“Cuando hablé con él, me había manifestado que este problema le iba a costar grandes pérdidas económicas para él. Pero por lo menos estaba libre y existía el peligro de que lo aprehendieran. Me señaló que tenía mucho temor de venir a Bolivia porque no existía justicia ni una instancia que le pueda garantizar su libertad. Los que le pedían dinero decían que él llegaba a Bolivia y lo aprehendían. Castillo Manríquez tomó la decisión de perder el avión. Ya no quiere saber nada de él”, manifestó Omar Durán, abogado del empresario.

El 27 de junio, la fiscal Severiche requirió a la juez que señale día y hora de audiencia para considerar la solicitud de medida cautelar (detención preventiva), previa notificación, al imputado.

Los antecedentes

El dueño del jet se aprestaba a llegar a Bolivia y recuperar su nave, que aterrizó en Viru Viru, el año pasado. Por una falla técnica se quedó en el país a la espera de un mecánico especializado.

Luego de un tiempo, según declaraciones del abogado Durán, fueron contactándose personas que se presentaron como funcionarios de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) y de la Aduana Nacional. Estas personas le fueron exigiendo dinero para que su avión no tenga ningún problema en suelo boliviano.

“Le sonsacaron unos $us 70 mil por esta gente que le aseguraba que el avión tenía sus trámites correctos, pero al final no había sido así. Ha perdido ese dinero y el millón de dólares que cuesta la nave”, señaló Durán.

Sucedió que el 16 de marzo, Aduana Viru Viru hizo conocer la ubicación física de la aeronave, que se encontraba en la plataforma comercial del aeropuerto El Trompillo y que los técnicos dependientes de esa entidad, se constituyeron en la terminal aérea, en cooperación con la Unidad Regional de Control Aduanero (URCA), procediendo al precintado y la asignación de un custodio permanente, con un Acta de Comiso Preventivo.

En julio, la presidenta de la Aduana, Marlene Ardaya, anunció que la nave había sido incautada por no tener ninguna autorización legal que posibilite su ingreso al país. La entidad adjudicó la nave al Ministerio de la Presidencia para que pueda ser utilizada por el Ejecutivo. Luego se delegó la nave a la DGAC.

Gobierno no dice nada

Se intentó hablar con autoridades de la DGAC, pero no hubo respuesta. Anteriormente explicaron que el caso se encuentra en manos de la Fiscalía y era ahí donde se debía buscar información.

En la Aduana Nacional tampoco se tuvo explicación, ya que como el manejo de la institución es descentralizado, el caso lo manejan desde el departamento de Santa Cruz.

Apropiación

Entre tanto, el diputado Tomás Monasterio dijo que este alejamiento del dueño del jet corrobora la denuncia que hizo, de que el Estado utilizó todo su aparato y el manejo sobre la justicia para apropiarse de algo que no le corresponde.

“Eso se llama robo. Nosotros vamos a continuar denunciando las irregularidades en este proceso y tendrán que responder, más temprano que tarde, los responsables”, aseguró.

De momento, añadió que hay responsabilidad en la Aduana Nacional y la DGAC, pero manifestó también que responsabilizaba directamente “al presidente Evo Morales como máxima autoridad ejecutiva del Estado boliviano”.

 

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