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HABRÍAN PEDIDO $US 2.000 POR PEGAS EN DDRR

Arce instruye investigación sobre denuncias en Consejo

07 Octubre 2018CORREO DEL SUR y Agencias
INVESTIGACIÓN. Las personas que presentaron las presuntas denuncias tenían que trabajar en la oficina de Derechos Reales

INVESTIGACIÓN. Las personas que presentaron las presuntas denuncias tenían que trabajar en la oficina de Derechos Reales

El ministro de Justicia, Héctor Arce, instruyó ayer, sábado, una investigación sobre denuncias contra algunos miembros del Consejo de la Magistratura que habrían incurrido en hechos de corrupción y tráfico de cargos, que fueron publicados por medios de comunicación y redes sociales mediante videos y audios. 

"Hemos instruido una inmediata investigación de los hechos denunciados. Se ha puesto en conocimiento del Presidente del Consejo de la Magistratura y como mencionamos ayer (viernes) ofrecemos todas las garantías a las personas que deseen denunciar hechos de corrupción", escribió en su cuenta de Twitter. 

En esos audios y videos se muestra a dos jóvenes, por separado, quienes habían sido destituidos de sus funciones públicas. Uno habría sido extorsionado por un funcionario de Derechos Reales para que vuelva a su trabajo, mientras que el otro hizo campaña para una magistrada del Consejo de la Magistratura. 

Ambos casos, según Arce, se constituirían en hechos graves de corrupción que no se tolerarán bajo ninguna circunstancia. 

LAS DENUNCIAS

En los últimos días, resurgieron las denuncias de supuestos cobros de personas que aseguran haber hecho campaña en las elecciones judiciales a cambio de acceder a un puesto de trabajo en el Órgano Judicial. 

A través de su cuenta de Facebook, el programa televisivo “Camino del Delito” en la ciudad de Santa Cruz, reveló que recibió audios con denuncias de personas que habrían trabajado en la campaña de las elecciones judiciales con la abogada D. G., bajo el compromiso de que si es elegida consejera de la Magistratura podrían acceder a un puesto laboral en Derechos Reales. Fue electa pero no accedieron a un trabajo.

En los audios se revela que entre los intermediarios de los cobros estaría el actual delegado Distrital del Consejo de la Magistratura en Santa Cruz, M. R. Una de las supuestas víctimas, relata en el audio que varias personas ingresaron individualmente a la oficina de M. R. en Santa Cruz, quien les habría pedido $us 2.000 para acceder a un trabajo en Derechos Reales.

A través de una funcionaria, la denunciante fue contratada para hacer campaña para la consejera D. G., a cambio de un trabajo en DDRR, revela el audio. Después de las elecciones “fueron a cobrar su recompensa en el trabajo”, pero la funcionaria les derivó con M. R.

El sindicado reveló al mismo medio televisivo en Santa Cruz que las denuncias no son consistentes ni sólidas y afirmó que jamás cobró dinero.

“Estoy presto a estar ahí, que se identifique a la persona que denuncia, jamás existió de parte de esta persona, jamás hicieron los magistrados cobros para puestos laborales”, aseguró M. R.

Este diario se contactó mediante teléfono celular con M. R. quien indicó que se le llamara en cinco minutos, pero después no respondió.

La consejera aludida tampoco salió a aclarar esta situación ni la otra denuncia, difundida también por el programa televisivo, de que junto a su esposo festejaron su cumpleaños en las oficinas de un juzgado en Santa Cruz.

En la anterior gestión de los consejeros de la magistratura, había denuncias de supuestos cobros por pegas que al final no fueron esclarecidas en las instancias correspondientes: juzgados disciplinarios, Fiscalía y Asamblea Legislativa.

Precisamente, por supuestos cobros por pegas, el ex director de Derechos Reales Jorge Bohórquez, fue remitido a la cárcel; el caso está en juicio en Santa Cruz.

Actualmente, se conoció que la última convocatoria a vocales quedó sin efecto debido a denuncias de supuestas ventas de estos cargos que obligó a las autoridades judiciales a postergar esta convocatoria.

En el Tribunal Supremo de Justicia, su presidente José Antonio Revilla, denunció que algunas personas cobraban por cargos a nombre de los magistrados, el caso está en investigación en el Ministerio Público. Hay algunas personas cauteladas, pero no hay resultados de la investigación cuyo plazo de seis meses fue ampliado.

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