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Acusan a magistrado del TCP por presunta violencia familiar, pero su esposa retira la denuncia

13 Marzo 2019, 16:38Correo del Sur Digital
Orlando Ceballos, magistrado del TCP, junto con su esposa. FOTO: CORREO DEL SUR

Orlando Ceballos, magistrado del TCP, junto con su esposa. FOTO: CORREO DEL SUR

El magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional Orlando Ceballos, denunciado por presunta violencia familiar, reconoció este miércoles, en una conferencia de prensa en la que estuvo acompañado por su esposa, haber mantenido un “altercado” que no “pasó a mayores” y que la denuncia fue retirada por decisión de ambos.

En la mañana de este miércoles se difundió la denuncia por violencia que hizo la esposa de Ceballos ante la Policía y la Fiscalía Departamental de Chuquisaca. En el documento, que circula en redes sociales, la mujer relata que cerca de las 19:00 del pasado 10 de marzo, en su domicilio, tuvo una discusión con su pareja por un viaje de él. Según su denuncia, fue víctima de golpes en la cara, en el brazo izquierdo, en la espalda y en la cintura baja, además de haber recibido insultos y amenazas de que incluso se iba a quedar sin trabajo si hacía conocer lo sucedido.

La denuncia sentada en la Policía indica además que no sería la primera vez que la mujer sufre agresiones verbales y físicas. Un certificado médico emitido por el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) otorga a la víctima siete días de impedimento.

Sin embargo, tras haberse hecho público lo ocurrido, la pareja compareció en una conferencia de prensa ante los medios de comunicación, en la que el magistrado aseguró que se trata de un “tema estrictamente particular”.

La esposa de Ceballos admitió que tuvo una discusión con su marido y que lo denunció, pero aseguró que no hubo golpiza. Ambos culparon a las redes sociales por la difusión del hecho.

“El caso no llegó a mayores y está en archivo de obrados porque no hay más elementos y todo está en orden, como debe ser”, señaló la mujer, quien aclaró que retiró la denuncia por la mañana, que no faltó a su trabajo y que no tiene ninguna baja médica.

Según la Ley 348, “para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia”, todos los delitos de violencia contra la mujer que están contemplados en ese texto (incluyendo las agresiones físicas, psicológicas y verbales) son delitos de acción pública, por lo que el caso debería ser investigado por las autoridades correspondientes.

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