Capitales

Incahuasi: El momento es ahora

Por la ubicación del campo gasífero Incahuasi, entre Chuquisaca y Santa Cruz, YPFB se vio obligada a aplicar el “Reglamento para determinar la existencia o no de reservorios compartidos entre dos o más departamentos...

YAMILE HAYES MICHEL

Por la ubicación del campo gasífero Incahuasi, entre Chuquisaca y Santa Cruz, YPFB se vio obligada a aplicar el “Reglamento para determinar la existencia o no de reservorios compartidos entre dos o más departamentos, así como la determinación y aplicación del factor de distribución”. Contrató a la empresa GLJ Petroleum Consultants, que realizó el estudio y presentó el Informe Final; sin absolver las observaciones de Chuquisaca, YPFB lo aprobó, determinando que los volúmenes de gas se encontrarían en un 100% en el departamento de Santa Cruz.

Chuquisaca, basada en estudios de expertos, sostiene que el reservorio se encuentra también dentro de su circunscripción departamental, que el megacampo gasífero de Incahuasi no está íntegramente en territorio cruceño y que el Informe de GLJ no debió ser avalado por YPFB; empero, esta entidad no escuchó razones ni información técnica alguna.

Tuvo que ser un valiente Juez que, en una Acción de Amparo Constitucional planteada por la Gobernación de Chuquisaca (y convertida de oficio en Acción Popular, conforme a jurisprudencia, al tratarse del resguardo de derechos colectivos) quien conceda en parte la tutela por la vulneración de la garantía del debido proceso, ya que el Art. 4 del citado Reglamento dispone que YPFB contrate una empresa a fin de efectuar los estudios necesarios para determinar la existencia o no de reservorios compartidos en dos o más departamentos, puntualizando que la información técnica oficial, histórica y actualizada requerida para realizar dichos estudios deberá ser proporcionada por YPFB.

YPFB proporcionó datos simplemente referenciales a la GLJ, respecto de los límites territoriales entre Santa Cruz y Chuquisaca, a lo que se suman las afirmaciones vertidas por el Presidente a.i. de YPFB y el ex Ministerio de Autonomías, que admitieron lo señalado. Esto evidencia una omisión procesal grosera en el estudio técnico, que se ha basado desde el inicio en datos referenciales y desactualizados, dando lugar a conclusiones erróneas e irreales. En la acción de amparo, YPFB no presentó un informe oral ni escrito ante el Juez, abandonando sus abogados la audiencia.

Las determinaciones adoptadas en toda Acción de Defensa son vinculantes y de ejecución inmediata. YPFB debe acatar inmediatamente lo dispuesto por el Juez e iniciar el estudio técnico sin esperar la revisión del Tribunal Constitucional; caso contrario, su presidente, como representante legal y accionado en el Amparo, incurriría en la conducta tipificada por el Art. 179 bis del Código Penal.

Desde luego que el tema está lejos de ser meramente jurídico: se están jugando grandes intereses económicos y políticos.

Corresponde, entonces, a las instituciones, a los chuquisaqueños y, sobre todo, a las autoridades de la Gobernación, de la Alcaldía de Sucre y de la Universidad San Francisco Xavier —entidades que perciben ingresos por las regalías e Impuesto a los hidrocarburos (IDH) respectivamente— exigir de manera vehemente el cumplimiento de la resolución judicial para que se realice el estudio técnico sobre datos oficiales y actualizados, con delimitación interdepartamental fidedigna, constituyéndose en guardianes y fiscalizadores de todas las fases de ese procedimiento.

De ello depende la percepción de valiosos recursos para el desarrollo de Chuquisaca; considérese el aumento de la producción global de gas natural del país en un 10%, pues Incahuasi tiene una capacidad de producción de 6,7 millones de metros cúbicos de gas por día, pudiendo llegar a 10 millones y que en la primera fase las inversiones calculadas bordean los 1.200 millones de dólares, en pozos, instalaciones de superficie, gasoductos y una planta de tratamiento de gas.

Es menester dejar de lado posiciones exitistas y también las pesimistas que tanto daño hacen a nuestra región, como aquellas que dicen que “no se ha ganado nada”.

Esto es falso, pues la resolución judicial ordena algo que YPFB nunca habría accedido a hacer si no mediaba la intervención de un Juez de Garantías Constitucionales, que es un nuevo Estudio Técnico para la determinación sobre el reservorio de Incahuasi.

¡Arriba chuquisaqueños, el momento es ahora, defendamos lo nuestro!


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