Especial

OCHO AÑOS DESPUÉS DE LA NUEVA CONSTITUCIÓN

Reformas y elecciones judiciales sin agenda

El 3 de diciembre está prevista una nueva elección popular y los expertos ven que se repiten los mismos “errores” que llevan al descrédito.

La reforma judicial en Bolivia sigue siendo un discurso y la gente no la siente cuando acude a la Fiscalía y a los juzgados; el nuevo diseño constitucional de la justicia plural a partir de la nueva Constitución de febrero de 2009 si bien generó nuevas leyes, códigos y nuevos magistrados no fue suficiente para mejorar el servicio de justicia porque no hay una agenda judicial como política pública ni visión de Estado; en los últimos cinco años cada órgano del Estado avanzó de manera separada con su iniciativa, el Legislativo y Ejecutivo aprobaron leyes y códigos sin el concurso del judicial.

La coordinación y la cooperación establecida en la Constitución se convirtió en injerencia política del Gobierno de turno que recién en los últimos dos años conformó comisiones de implementación de los códigos en la que los operadores judiciales no participaron en la elaboración sino sólo para avalar.

Esa es la opinión de académicos y entendidos en materia judicial que ven que tampoco hay una reacción de la población civil, las universidades, medios de comunicación que sólo se convirtieron en una caja de resonancia del discurso predominante y la visión coyuntural.

Todos los sectores del país hablan de la reforma judicial pero no hay un abordaje serio desde el Gobierno para seguir un horizonte y sigue siendo la coyuntura la que pone la pauta, no hay un trabajo como sistema, en una relación de coordinación, interacción, cooperación como manda la Constitución para una verdadera reforma integral de la justicia.

El abogado y consultor en temas judiciales Eddie Cóndor recomienda “una reingeniería legislativa a las normas judiciales, a fin de darles coherencia y orientación constitucional; sobre todo en lo pertinente a carrera judicial, régimen disciplinario, presupuesto, recursos humanos y cobertura judicial”.

Sostiene que “sin carrera judicial no hay independencia judicial y que el diseño boliviano es contrario a los estándares internacionales sobre independencia de jueces”.

El Gobierno nunca tuvo el liderazgo de este su proceso como ocurre en otros países, porque no destinó recursos económicos para la implementación de las leyes, y el Legislativo que demoró en la aprobación lo que demuestra que no es su prioridad promover una reforma integral a las instituciones del sistema de justicia.

“Las medidas que dictó el Gobierno, hasta hoy, han sido más de lo mismo: parches sin orden, estructura orgánica, de modo unilateral, sin coordinación efectiva con las instituciones del circuito judicial, sin difusión suficiente y sin presupuesto”, remarcó.

Respecto al Órgano Judicial, sostiene que se distrajeron en los últimos cinco años en conflictos internos y trivialidades. “No hubo coordinación de los órganos políticos con el Judicial, lo que hubo fue imposición y así no funciona una democracia”.

Una prueba de esta imposición es que ante la inacción del Consejo de la Magistratura en la elaboración de reglamentos para la implementación de la carrera judicial, fue una Comisión de Implementación de las Conclusiones de la Cumbre Judicial la que emitió un reglamento de cesación de al menos 80 jueces sin previa evaluación.

Eso demuestra que no existe un marco jurídico, coherente con la Constitución, sobre recursos humanos, porque “es necesario que quienes trabajen en las instituciones judiciales, vocales, jueces y personal de apoyo y máximas autoridades, ingresen a la función judicial meritocráticamente y a través de procesos públicos y transparentes y no por intereses partidarios”.

El sistema judicial requiere de “lealtades institucionales y no personales ni políticas”. Como se advierte en las instituciones judiciales y el Tribunal Constitucional, cada magistrado tiene su equipo que le “debe lealtad”, no les interesa la institución, “han lotizado el funcionamiento de la institución”.

El país está en puertas de una nueva elección de autoridades judiciales previstas para diciembre, la elección popular de octubre de 2011 no fue puesta a prueba con los estándares internacionales de elección de altas autoridades judiciales, el orden constitucional y el derecho internacional.

Desde el inicio del proceso de preselección de los postulantes al Órgano Judicial y al Tribunal Constitucional Plurinacional, se observa que este proceso se contamina en el desarrollo Legislativo.

Enmarcado en las versiones del mismo Gobierno, el experto sostiene que en la primera elección popular las autoridades fueron elegidas sobre todo por influencia de las organizaciones sociales afines al gobierno; la nueva elección judicial advierte “amagues” de la Comisión Mixta que apuntan a un proceso contrario a los estándares internacionales y el marco constitucional.

“El Gobierno Nacional, con el apoyo de la Asamblea Legislativa Plurinacional, le está negando por segunda vez a los bolivianos la posibilidad de probar la efectividad del mecanismo constitucional de elección popular de autoridades judiciales, por el control que pretende tener del proceso de preselección y evaluación de los postulantes”.

Las razones serían “políticas pues no escucha nadie” sentenció, porque “cualquier forma de control y contrapeso institucional resulta incompatible con su forma de hacer gobierno”.

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Pastor Mamani, admite que las dificultades en la coordinación institucional, por las pugnas que se arrastraron desde el extinto Consejo de la Judicatura y la Corte Suprema de Justicia que le prolongó en la nueva estructura judicial con nuevas denominaciones, cada institución se mantiene en un escenario enmarcado en sí mismo sin coordinación.

Su evaluación se centra en la cantidad de resoluciones de las causas en las salas especializadas y la Sala Plena que no tiene mora. En medio de estas dificultades durante estos seis años, asegura que participaron con sus aportes en la Comisión de modificación de leyes, procedimientos.

Pugnas

Las pugnas internas por la presidencia en el Órgano Judicial y el Tribunal Constitucional Plurinacional debilitaron la gestión institucional lo que se reflejó en las sesiones de Sala Plena, decisiones divididas, algunos magistrados relegados. Fue más evidente en el Tribunal Agroambiental y el Consejo de la Magistratura, en los que las pugnas llegaron incluso a instancias legales y constitucionales. El Agroambiental y el Consejo cambiaron tres presidentes en seis años.

El Tribunal Constitucional Plurinacional posesionó esta semana a quinto presidente en cinco años.

Fallos polémicos

  1. Entre los fallos polémicos que recibieron cuestionamientos de sectores opositores está la sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional que durante la presidencia de Ruddy Flores, en abril de 2013, dio curso a la repostulación de Evo Morales a la presidencia por tercera vez consecutiva.
  2. Otra de las decisiones cuestionadas por el Gobierno fue la anulación del artículo 12 de la ley General del Trabajo sobre los contratos laborales que motivó el inicio de un juicio de responsabilidades contra dos tribunos.
  3. La resolución de admisión de un recurso contra la Ley del Notariado en 2014 provocó la ira del Gobierno contra tres magistrados: Gualberto Cusi, Soraida Chanéz y Ligia Velásquez, contra quienes impulsó un juicio de responsabilidades hasta lograr su destitución.
  4. Funcionarios del Consejo de la Magistratura se vieron involucrados en la venta de títulos de designación de jueces a nombre de los consejeros, esto desveló las irregularidades y presuntas extorsiones en el proceso de designación de jueces que concluyó con la sentencia a algunos funcionarios y siguen otras denuncias en la Fiscalía.

Primera prueba

  1. La primera elección por voto popular fue el 16 de octubre de 2011.
  2. Se eligió a 56 autoridades judiciales para cuatro instituciones.
  3. Se impuso el voto nulo y hubo ausentismo de un 20.3 por ciento.
  4. El Gobierno apostaba al cambio real de la Justicia; admite que erró.

"Sustituyeron el amiguismo por el compañerismo;  y la amistad de barrio, de apellido o de estirpe, por el corporativismo social".

Álvaro García Linera - 03/06/2017

Lo que se viene

  1. La segunda elección popular está prevista para el 3 de diciembre.
  2. Se redujo la cantidad de consejeros de cinco a tres.
  3. El Agroambiental tambié perdió dos magistrados y sólo tendrá cinco.
  4. El Tribunal Constitucional tendrá nueve magistrados, sólo tenía siete.

Evaluación

Construir: Hay rechazo a la elección popular en Bolivia

La iniciativa ciudadana de monitoreo a la justicia encabezada por la Fundación Construir sostiene que el primer ensayo de elección popular de autoridades judiciales en 2011 desveló el rechazo de la población a ese sistema cuestionado desde la fase de preselección. Sólo un 40% de la población fue a votar, lo cual demuestra una falta de legitimidad y el rechazo a la nómina de postulantes.

En su informe presentado este año señala como causales de ese fracaso la falta de presupuesto, información adecuada del proceso y de los postulantes, no hubo debate de propuestas y otros.

Ante la nueva convocatoria a elecciones, esta iniciativa ciudadana conformada por redes y plataformas de la sociedad civil propuso un perfil de ocho componentes para los postulantes que no se cumplen: alta calidad moral, conducta ética, independencia, habilidades gerenciales, capacidad de interlocución, alto conocimiento del derecho, compromiso con los derechos humanos, el estado de derecho y conocimiento de los desafíos institucionales del sistema de justicia.

Presupuesto

Salame: No hay interés del Gobierno en la crisis judicial

La presidenta del Colegio de Abogados de Chuquisaca, Silvia Salame, considera que la situación de la justicia empeoró en los últimos años, porque no hubo interés del Gobierno en la problemática judicial desde la reducción del presupuesto a un 0.56% del Presupuesto Nacional cuando al menos debía destinarse un 5% para reforma judicial.

Observa que todo juez que no emite fallos como pide la élite política es amedrentado y sancionado como ocurrió con algunos magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (Gualberto Cusi, Soraida Chanez y Ligia Velásquez), que fueron expulsados en total vulneración de sus derechos por observar la Ley del Notariado.

La calidad de formación que comienza desde el sistema universitario con deficiencias y eso repercute en la calidad de los abogados y jueces que no pasaron por la Escuela de Jueces.

Además de los niveles de corrupción porque no hay carrera judicial, se nombran jueces improvisados.

Cuestiona la elección por voto popular porque la precalificación de la Asamblea Legislativa desvirtúa el proceso electoral que tendrá que revertirse. “Se repiten los errores de 2011, con la conformación de una comisión parcializada y un reglamento acorde a sus conveniencias y al final será esa instancia política la que seleccione a los candidatos”, concluye.

Opinión

Vásquez: Justicia es el punto más débil

El abogado Luis Vásquez Villamor, considera que el punto más débil de este periodo de Gobierno es la administración de justicia que llevó al estado constitucional de derecho a una crisis constitucional grande; una democracia sólida se construye sobre la base de un Poder Judicial independiente, dice.

El principio de separación de poderes desapareció porque el Gobierno subsumió al Poder Judicial vulnerando el carácter de la democracia boliviana.

Recuerda que hasta hace más de diez años, había autoridades judiciales capaces de interpelar al Gobierno. “En la Corte Suprema se eligió a destacados abogados altamente especializados como Pastor Ortiz Mattos, Carlos Tovar, Armando Villafuerte, Eduardo Rodríguez Veltzé y Kenny Prieto. En el Tribunal Constitucional, Pablo Dermisaki, Wilman Durán, Elizabeth Íñiguez y José Antonio Rivera. Varios de ellos echados por este Gobierno que descabezó ese Tribunal Constitucional”, dice.

La independencia del Órgano Judicial se basa en la meritocracia que se expresa administrativamente en la carrera judicial que fue destruida por este Gobierno, al igual que los máximos niveles de la justicia. “Han sustituido meritocracia por partidocracia desde los niveles más bajos hasta los más altos”, remarca.

Explica que si uno renuncia a la meritocracia renuncia a la independencia y a la imparcialidad y se designa a personas sumisas.

Dice que antes se aplicaba el principio del derecho romano de que “un funcionario dura en sus funciones mientras duren sus buenos oficios”; eso era válido en la carrera judicial y no le debía su designación a ningún gobierno. Además con las evaluaciones anuales, un juez que se sometía a examen de competencia podía ascender a ser ministro.


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