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AMBOS DEPARTAMENTOS BASAN SU POSICIÓN EN NORMAS DE 1898 Y 1912

Chuquisaca: Santa Cruz se apoya en dos leyes que malinterpreta

La indefinición derivó en un conflicto por el campo Incahuasi, situado en el límite

Chuquisaca: Santa Cruz se apoya en dos leyes que malinterpreta
YACIMIENTO. El megacampo gasífero Incahuasi, que entró en producción en 2016, está en el límite entre Santa Cruz y...

CAMPAÑAS

A la campaña mediática en Santa Cruz, para lograr la identificación de los cruceños con Incahuasi, le siguió la Gobernación de Chuquisaca, que empezó una cruzada similar sobre ese campo compartido.

Santa Cruz basa la defensa de sus límites en dos leyes de 1898 y 1912, que son las mismas en las que se sustenta la demanda de delimitación interdepartamental de Chuquisaca, que reclama que ni siquiera entonces fue consultada sobre el desmembramiento de su territorio. La región considera que esas normas son simplemente marcos normativos y que Santa Cruz las malinterpreta.

Tanto para Santa Cruz como para el Gobierno, la ley del 10 de noviembre de 1898 resuelve el diferendo limítrofe con Chuquisaca y la ley del 21 de octubre de 1912 aclara la ley de 1898, mientras que la resolución suprema de 1914 delimita y demarca el diferendo.

Para el miembro de la Sociedad de Estudios Geográficos e Históricos de Santa Cruz, Herland Vhiestrox, en 1898 se llegó a zanjar esta situación con una norma, pero Chuquisaca se resistió y en 1912 se revisó y se aprobó lo mismo, según declaró al diario El Deber.

Menciona que en 1914 se nombró una comisión técnica con representantes de ambos departamentos, que tardó dos años, pero logró la delimitación.

“Si se quiere revisar, es contra la ley y nosotros estamos en condiciones de demostrar que Incahuasi siempre perteneció a Santa Cruz, pero creemos que es un tema de nunca acabar”, señaló.

En agosto de 2016 la consultora canadiense GLJ, contratada por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), sobre la base de esas normas referenciales formadas por el ente rector de límites, estableció que el 100% del campo Incahuasi se encuentra en territorio cruceño.

Sin embargo, en diciembre de 2017, a petición de Chuquisaca que planteó un amparo, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) concedió la tutela en todo a la Gobernación de Chuquisaca, disponiendo “efectuar un procedimiento de delimitación interdepartamental de acuerdo a las previsiones contenidas en la Ley de Delimitación de Unidades Territoriales y su Reglamento contenido en el Decreto Supremo 1560 de 17 de abril de 2013”.

Anteriormente, un juez constituido en Tribunal de Garantías emitió la resolución 03/2017 resolviendo que debe efectuarse un nuevo procedimiento técnico por parte de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) para determinar la existencia de reservorios compartidos, invalidando así el estudio de la GLJ.

Así, que desde diciembre de 2017, Santa Cruz dejó de percibir regalías del campo Incahuasi, por disposición del TCP hasta que se realice una delimitación interdepartamental.

RAZONES DE CHUQUISACA

El secretario Jurídico de la Gobernación de Chuquisaca, Armin Cortez, sostiene que si bien las dos leyes de 1989 y 1912 "son los marcos normativos que establecen ya los límites interdepartamentales", éstas carecen de sustento técnico, histórico y legal para ser consideradas como conclusivas.

"Es en función a ese elemento que Chuquisaca presentó una propuesta técnica, histórica y legal. Sin embargo, Santa Cruz hasta la fecha no ha realizado una propuesta propia, justamente por su temor que al momento de realizar la demarcación territorial a través de la interpretación de las dos leyes, ellos tengan que resignar territorio que consideran propio, que sin embargo desde la propuesta de Chuquisaca no pasaría, y por el contrario sólo se realizaría una materialización de nuestras denuncias del despojo histórico del que fuimos objeto", remarcó.

Es más, el especialista en temas regionales y miembro de la Comisión Técnico-Jurídica del Comité de Defensa del campo Incahuasi, Juan José Bonifaz, sostiene que estas leyes de 1898 y 1912 "son inconstitucionales".

Basa su criterio en la Constitución Política del 26 de octubre de 1839, cuyo artículo 48 dice lo siguiente: “Son atribuciones de ambas cámaras: ...Crear nuevas provincias y cantones, suprimirlos, formar otros de los establecidos y fijar sus límites, según sea más conveniente para su mejor administración. En todos estos casos cualesquiera de las cámaras pedirá informe del Poder Ejecutivo, quien dirá a los concejos Municipales interesados”.

Por otra parte, la “Ley de 17 de septiembre—Delimitaciones territoriales”, emitida durante la presidencia de Aniceto Arce, tiene un artículo único que señala: “Toda nueva delimitación territorial de cantones, provincias y departamentos, en el orden político, no podrá verificarse sin que antes se siga un proceso administrativo con conocimiento de las municipalidades interesadas, en que se haga constar la necesidad absoluta de la reforma”.

Bonifaz dice que abogados chuquisaqueños defendieron esta causa en 1898 y 1912, tras notar que se había incumplido con lo indicado en la normativa nacional porque no se consultó a los partes involucradas.

Fundamenta la posición regional de inconstitucionalidad de la Ley de 10 de noviembre de 1898, así como de la del 21 de octubre de 1912, cuestionando las adjudicaciones de hecho de territorios chuquisaqueños, a Santa Cruz y Tarija, desde 1905 por la 2da. Delegación del general José Manuel Pando.

No se menciona la ley correlativa y compensatoria del 29 de noviembre de 1898, a la que Bonifaz califica de “misteriosa” porque nadie la hace valer, contrariamente a lo que ocurre con la del 10 de noviembre.

¿Y LA RESOLUCIÓN SUPREMA DE 1914?

Respecto a la resolución suprema de 1914 que aprueba la delimitación y que para el extinto Ministerio de Autonomías es un marco normativo aplicable entre ambas regiones, Chuquisaca asegura que "de forma errada se pretende su aplicación preferente sobre las leyes de 1898 y en la de 1912", por cuanto este hecho quebrantaría el principio de supremacía normativa establecido por el artículo 410 de la Constitución Política del Estado (CPE).

La norma sólo permite una delimitación a través de una ley, además la demarcación debe ser realizada por el Instituto Geográfico Militar (IGM), lo que nunca ocurrió en este caso.

La Gobernación apunta a anular esta resolución con un recurso concreto de inconstitucionalidad dentro del proceso de conciliación de límites, así como la exclusión de la ley 2727 de 2004 de creación del Parque Nacional Iñao, que también definiría los límites en un tramo entre Santa Cruz y Chuquisaca.

 


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