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REVÉS DE LA JUSTICIA ARGENTINA CONTRA LA EX PRESIDENTA

Supremo ratifica orden de detención a Cristina

El cumplimiento de la medida está en manos del Legislativo, que evalúa desafuero

Supremo ratifica orden de detención a Cristina
INVESTIGADA. La ex presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner es procesada por presunto encubrimiento.

NEGATIVA

Medios argentinos reportaron anoche que legisladores no apoyarán el desafuero contra Cristina Fernández, debido a que consideran que la medida sólo se aplica si hay una sentencia firme contra la ex presidenta.

El Supremo argentino confirmó ayer la orden de detención dispuesta por un juez federal contra la ex presidenta Cristina Fernández, por el presunto encubrimiento de los iraníes acusados del atentado a una mutua judía en 1994, pero no se hará efectiva por estar aforada.

La Corte Suprema de Justicia rechazó por unanimidad el recurso de queja presentado por la actual senadora contra la orden de arresto dictada por el juez Claudio Bonadio en diciembre de 2017, cuya ejecución el Alto Tribunal supeditó al resultado del pedido de desafuero ya cursado al Senado, que todavía no prosperó.

Con la firma de sus cinco integrantes: Carlos Rosenkrantz, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti, el Supremo desestimó el recurso por considerar que no se dirige contra una sentencia definitiva.

Ya la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Corrección Federal había confirmado el procesamiento con prisión preventiva de la viuda del también ex presidente Néstor Kirchner (2003-2007), y fue por eso que ella presentó un recurso extraordinario a la Corte.

El Supremo también rechazó ayer un recurso de queja presentado por el ex jefe de Inteligencia Oscar Parrilli, otro de los procesados en el expediente.

Fernández, jefa de Estado entre 2007 y 2015, y varios miembros de su Gobierno y otros colaboradores están procesados por presunto encubrimiento agravado, mediante un pacto con Irán, de los ciudadanos de ese país acusados del ataque a una mutua judía en 1994, que dejó 85 muertos y sigue impune.

El expediente judicial fue abierto por la denuncia que el fiscal Alberto Nisman realizó en enero de 2015 contra el anterior Gobierno, cuatro días antes de aparecer muerto, con un tiro en la cabeza, en condiciones que aún se investigan en los tribunales y que apuntan a que el procurador fue asesinado.

Nisman aseguraba que un pacto suscrito entre Argentina e Irán en 2013 para investigar conjuntamente el atentado buscaba realmente encubrir a los imputados como sospechosos del ataque, entre ellos el ex presidente iraní Alí Akbar Rafsanjani y el ex canciller Alí Akbar Velayatí, para favorecer el intercambio comercial bilateral.

Bonadio, que ya encabeza otras causas contra Fernández, pidió detener, entre otros, a la expresidenta al considerar que puede entorpecer el caso.

También solicitó su arresto tras procesarla en la conocida como "causa de los cuadernos", en la que se investiga una presunta red de sobornos entre poderosos empresarios y ex altos cargos del kirchnerismo.

Sin embargo, la detención dependerá de que sus compañeros en el Senado decidan si votan o no contra ella.

La Cámara Alta, en la que ningún grupo tiene mayoría absoluta y con la corriente ideológica peronista, a la que pertenece Fernández, muy fragmentada, deberá decidir si atiende la solicitud de quitar la inmunidad a Fernández, para lo que será necesario el sí de dos tercios de los legisladores.

Por el momento no se atisba que el desafuero pueda prosperar, debido a la posición histórica del peronismo tradicional de sólo quitar los fueros cuando hay una sentencia firme.

El atentado contra la AMIA, que la comunidad judía atribuye a Irán y al grupo chií Hizbulá, fue el segundo contra judíos de Argentina, después de que 29 personas murieran en 1992 al explotar una bomba frente a la embajada israelí, también sin esclarecer.


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