Dificultades para gobernar

Dos factores crean dificultades a Dilma Rousseff para gobernar en los inicios de su segundo mandato: por una parte, el escándalo de las "corruptelas" en el manejo de la empresa Petrobras y, por otra, la situación económica. Admitir que existen estos contratiempos no implica reconocer que el gobierno del PT y sus aliados se ha debilitado sensiblemente. Lo que parece estar en juego son los índices de popularidad y aceptación, tanto de la presidenta como de la alianza de partidos que gobierna.

Lo que sin duda más afecta a la alianza es la decisión del Procurador General, Rodrigo Janot, de pedir que se investigue a 54 políticos pertenecientes al Partido de los Trabajadores (PT), al Partido Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) y al Partido Progresista (PP). Entre los sospechosos de actos de "corruptela" en Petrobras, figuran los presidentes de las cámaras de senadores y diputados, Renan Calheiros y Eduardo Cunha. Asimismo, ex ministros del gobierno de Dilma, como Dilma Gleisi de Mello y Edson Lobao. Con todo, el PP se lleva la palma pues serán investigados nada menos que 22 de sus miembros, incluyendo Ciro Nogueira, presidente del partido.

Sin ninguna duda, la presidenta y sus más inmediatos colabores se habrán sentido aliviados al saber que ni el Procurador ni el Tribunal Supremo de Justicia resolvieron incluir a Dilma en la lista de posibles investigados. Esto a pesar de que la presidenta desempeñó, durante los gobiernos de Luis Inácio (Lula) da Silva, los cargos de Ministra de Energía y Jefa de Gabinete. Como parte de sus funciones integró la Junta Directiva de Petrobras e, inclusive, ejerció la presidencia de la corporación. Es seguro que el Procurador pensó que esto no era suficiente para presumir que la presidenta tuvo conocimiento de las "corruptelas" y mucho menos que participó en las mismas.

Al quedar libre de sospecha, es probable que Dilma no haya perdido demasiados puntos en su índice de popularidad. En cambio, es difícil no conjeturar que no ha ocurrido lo mismo con la alianza gobernante. Tal vez en esta oportunidad se reproduce un fenómeno que se da en toda experiencia de gobiernos. Algunas veces, el jefe del gobierno es más popular y goza de mayor aceptación que su gobierno o que los grupos políticos que lo apoyan. Otras, en nuestra América con menos frecuencia, ocurre lo inverso, o sea que el gobierno es más popular que el jefe de gobierno. En esta oportunidad en Brasil, parece estar ganando la presidenta.

Por una parte, el número de sospechosos no es desdeñable. Por otra, los cargos que ejercieron y ejercen no se pueden pasar por alto. Ambos elementos combinados producen, con seguridad, efectos poco saludables en la imagen de los partidos de los sospechosos y, por añadidura, en la imagen de la alianza gobernante. Estas consecuencias se traducen, en la mayoría de los casos, en la pérdida de confianza en quienes han sido elegidos para gobernar y para legislar.

Otra perdedora, no sólo de prestigio e imagen, sino también de bienes o valores materiales, es la empresa Petrobras. Apenas se destapó el escándalo de las “corruptelas” los analistas de los mercados de valores señalaron la renuncia de los operadores a comprar títulos y acciones de la empresa y la tendencia a deshacerse de estos papeles. Por otro lado, al parecer los responsables de la dirección de Petrobras se han inclinado a no realizar nuevas e importantes inversiones, debido a que operaciones de este tipo en el pasado estuvieron vinculadas a las “corruptelas”. Con seguridad, ambos factores han precipitado la caída del valor de mercado de la corporación.

En cuanto a la imagen o el prestigio de Petrobras, no hay que olvidar que, con los años, se convirtió en uno de los símbolos más notorios del ascenso del Brasil a la categoría de “economía emergente”. En buena medida, la poderosa corporación –que ocupa un alto puesto en el “ranking” mundial– es la responsable de la creciente independencia energética del Brasil. Saber que alrededor o como consecuencia de algunas de sus operaciones un número considerable de políticos han aprovechado para beneficiar a sus partidos o para enriquecerse personalmente, causa estupor y desencanto que afectan la buena consideración que, a no dudarlo, la mayoría de los brasileños le otorgaba.

En todo lo ocurrido y lo que ocurrirá hay dos grandes ganadores: el sistema democrático brasileño y el sistema de las instituciones. Con seguridad, el estado de derecho queda fortalecido de la misma manera que el régimen de control de la conducta de los gobernantes, tanto designados como elegidos. Se está mostrando al mundo entero que en Brasil no es ni posible ni pertinente que queden impunes los actos de corrupción, sean quienes sean sus autores. Basta esto para pensar que valió la pena descubrir y luego investigar a los sospechosos en el caso de las operaciones de Petrobras.

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