Empresas estatales de dudosa utilidad

Dos noticias que durante las últimas semanas han ocupado un lugar destacado en la agenda económica gubernamental, aunque opacadas por la vorágine informativa que ha concentrado la atención pública en otros temas, han vuelto a dar actualidad al ya antiguo debate sobre la necesidad y conveniencia de que el Estado dedique sus escasos recursos a crear, mantener y desarrollar empresas dedicadas a actividades productivas que por su naturaleza muy bien podrían ser encaradas por el sector privado.

Las noticias a las que nos referimos son las que se refieren al agravamiento de la crisis económica en que están sumidas la Empresa Pública Nacional Textil (Enatex) y la Empresa Minera Huanuni, dos de las principales empresas administradas por el Estado.

La crisis de las dos primeras empresas ya no es novedad porque se la veía venir desde hace mucho tiempo. Y si algo de novedoso tienen ambos casos es que han puesto al Gobierno central ante una disyuntiva muy difícil de resolver sin destruir uno de los pilares doctrinarios en los que hasta ahora se basó su plan de gobierno. Tiene que elegir entre destinar cada vez mayores cantidades de dinero para subvencionar a esas dos empresas, cargando al erario nacional sus pérdidas, o actuar con la frialdad que suelen atribuir despectivamente al modelo “neoliberal”, lo que implica, como primer paso, reducir drásticamente la planilla salarial despojando de su fuente de trabajo a varios cientos de trabajadores asalariados.

El asunto es más grave aún si se considera que los casos de Enatex y EMH no son excepcionales sino que son muchas otras las empresas estatales que atraviesan dificultades similares aunque todavía no de igual magnitud. Y aunque las autoridades del sector se resisten a dar la información correspondiente, hay motivos para suponer que el futuro de esas empresas ya ocupa un lugar muy importante entre sus preocupaciones.

Una muestra de ello es la decisión de que el Consejo Estratégico de las Empresas Públicas someta a una severa evaluación a las 63 empresas estatales que ya existen, entre nacionalizadas y creadas desde 2006, para decidir cuáles serán cerradas debido a que no rinden utilidades y cuáles podrán seguir existiendo sin constituirse en una pesada carga para las finanzas estatales.

En ese contexto, y siendo tantas las dudas que existen sobre la situación de otras empresas, como la Empresa Boliviana de Almendras (EBA), Cartonbol o Papelbol, entre muchas otras de cuyo real estado se sabe poco, resulta por lo menos sorprendente la ligereza con que se ha decidido crear nuevas empresas.

Son tantos y tan negativos los antecedentes sobre este tema que lo menos que puede esperarse es que se piense dos veces antes de hacer tan cuantiosas inversiones en proyectos de tan dudosa utilidad.

Son tantos y tan negativos los antecedentes sobre este tema que lo menos que puede esperarse es que se piense dos veces antes de hacer tan cuantiosas inversiones

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