Política criminal contra el narcotráfico

En las Ciencias Penales hay un principio que señala que en la lucha contra el crimen se obtienen mayores resultados previniendo que castigando. En aplicación de ese principio, los Estados tienen el deber de poner en práctica un conjunto de acciones que, aunque propiamente deberían llevar la denominación de “Política Anticriminal”, se conocen como “Política Criminal”.

Según datos estadísticos frecuentemente difundidos, el tipo de delito que tiene en las cárceles de nuestro país el mayor número de exponentes es el relacionado con las actividades de fabricación y comercialización de estupefacientes, sustancias que ocasionan graves trastornos de orden psicofisiológico a quien las ingiere.

En atención a los mismos datos, se sabe que la mayor parte de los recluidos por la comisión de ese tipo de delito, unos condenados y otros presos sin sentencia a la espera de conclusión de su proceso, son personas contratadas como operarios para la elaboración y comercialización a pequeña escala, con salarios míseros en la fase de elaboración e ingresos también míseros en la fase de comercialización.

Muy rara vez, si ha sucedido, se detiene a los auténticos fabricantes y comercializadores de droga, verdaderos empresarios conectados con transnacionales multimillonarias, quienes desde hace más de 30 años se mantienen inmunes por la protección que logran de los mismos encargados de la represión.

Se trata de delincuentes peligrosos. Sus actos se encuadran en el campo oscuro de la criminalidad pues no son fácilmente detectables. No son delincuentes para salir de la pobreza; no son delincuentes por ímpetu pasional; no son delincuentes sexuales. Tal vez son psicopáticos que padecen procesos morbosos mentales.

Noticia reciente es la que hizo saber que las autoridades de nuestro Estado y de la República de Colombia suscribieron un convenio para proceder en ambos países, simultáneamente, a la erradicación de cocales excedentes y su reemplazo por otro tipo de cultivos, todo ello en un marco de control social y de autocontrol comunitario.

A ello se agrega que uno de los acuerdos consiste en detectar los calificados como “puntos blancos” que son los sitios de salida, recorrido y llegada de la droga a través de la “ruta del narcotráfico”. Naturalmente, esa fase de aplicación de la indicada política criminal implica la obligada adhesión a ese programa no solamente de todos los países con los que colindamos sino prácticamente con todo el mundo.

Otro aspecto de gran interés está en la expresa mención de guerra sin cuartel contra el enriquecimiento ilícito originado en los hechos delictivos del carácter mencionado, y la consecuente investigación de fortunas a que hace referencia la Ley de Lucha contra la Corrupción de marzo de 2010.

Quizás la cuestión más impactante sea la decisión de no dedicarse únicamente a llevar a sede judicial a los que, adecuadamente, deben calificarse como principales víctimas del narcotráfico, conocidos como “peces chicos”, sino a los delincuentes de cuello blanco, empresarios adinerados, altamente protegidos.

Si realmente como resultado de ese acuerdo se pudiera notar, dentro de un tiempo prudencial, que tanto entre nosotros como en Colombia se lograra meter entre rejas a algunos “peces gordos” del narcotráfico y a sus cómplices y encubridores, se podría pensar que el indicado acuerdo Bolivia-Colombia no es una vez más pura retórica.

En un reciente convenio entre Bolivia y Colombia, destaca la decisión de atrapar a los delincuentes de cuello blanco del negocio del  narcotráfico, empresarios adinerados, altamente protegidos

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