DESDE EL FARO

Fondo Indígena mal reciclado

La liquidación del Fondo Indígena (FI) y la creación apresurada del Fondo de Desarrollo Indígena Descentralizado parece repetir la misma receta prebendal corporativa que lo llevo a la ruina. Si bien la liquidadora proporcionó información importante, aún persisten dudas sobre el alcance del daño económico y político producido al país, al MAS y a quienes se asumen la vanguardia política y moral del proceso de cambio.

El daño pudo ser mayor. A tiempo de su creación, nadie imaginó que se vendría un tsunami de recursos extraordinarios por la venta del gas (aproximadamente 500 millones de dólares), que por fortuna el FI no tuvo capacidad de ejecutar y/o malversar en estos años, razón por la que se transfirieron, sin mayor trámite, al Bono Dignidad, al programa Evo Cumple y al Ministerio y a otros del Gobierno central.

A propósito de este tema, el año 2011, la Fundación Jubileo además de anticipar los oscuros manejos hoy confirmados, detectó que gran parte de los proyectos gestados por el FI ya fueron priorizados en ocasión de la deliberación en torno a la ley del Diálogo centrada en la agenda municipal. 15 años después, tras 10 años de abundancia, es altamente probable que muchos de ellos hayan formado parte de la programación de gobiernos municipales, de obras concurrentes con gobernaciones, del programa Evo Cumple y de Apoyo a la Seguridad Alimentaria (PASA) y de un enredado mapa institucional encargado de promover el desarrollo productivo social de los grupos más vulnerables.

Otro rubro de intervenciones del liquidado fondo tuvo que ver con el fortalecimiento de las Organizaciones Sociales Indígenas Originarias Campesinas (Osioc). En esta línea de apoyo también participaron organismos internacionales como el PNUD, la Unión Europea y otras no gubernamentales comprometidas con el empoderamiento de los actores indígenas antes excluidos. Se sabe que, en este rubro altamente flexible, se contemplaron variadas actividades encubiertas con fines políticos y proselitistas.

Frente a esta constatación, pregunto: ¿existe control cruzado sobre las intervenciones de este abanico de entidades que, con similares fines, pudieron haber duplicado financiamientos abonando el terreno para mayor discrecionalidad, ineficiencia y corrupción? ¿No era imperativo complementar la investigación con estos aspectos que el sentido común obliga antes de alentar la creación de un nuevo Fondo?

Difícilmente la nueva entidad contribuirá a borrar de la memoria colectiva este escandaloso caso de corrupción gestado en el corazón mismo de la vanguardia del proceso liderado por Evo Morales. Su pecado fue concebir un modelo de gestión donde la élite de las Osioc ya en el poder, asumió sin ningún rigor el papel de jueces y parte a la vez, siendo una grosera y agravada réplica de los “créditos vinculantes” de alguna banca privada antes censurada. Hoy el nuevo Fondo elimina el Directorio, crea un Consejo Consultivo con menos responsabilidad pero igual poder fáctico y corporativo, autoriza mecanismos directos de contratación y paradójicamente el ente “descentralizado” centraliza el poder decisional en instancias nacionales.

La dura experiencia del fondo no parece haber dinamizado en las Osioc procesos de autocrítica respecto a las malas prácticas que las enlodaron y a su relación con el poder. Hoy el Presidente las bendice, pide “no las toquen”, ratifica su condición de beneficiarias, excluye a pueblos indígenas de tierras bajas que lo cuestionan y denuncian el avasallamiento de campesinos sindicalizados, interculturales (cocaleros). Por ello, es válida la sospecha de que las organizaciones beneficiadas, todas ellas fundadoras del MAS como Instrumento Político y promotoras de la “reelección presidencial” a nombre del pueblo boliviano, reediten la gestión corporativa clientelar perversa que hoy muchos cuestionamos.

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