Incontenible corrupción judicial

Tres casos judiciales, de los muchos que cotidianamente salen a la luz pública, han coincidido durante los últimos días para ilustrar con mucha claridad los extremos a los que ha llegado la degradación del Órgano Judicial en nuestro país.

Dos de los casos a los que nos referimos tienen que ver con la ligereza con que dos entidades cuya principal función es supuestamente la lucha contra la corrupción tomaron medidas que más bien parecen destinadas a proteger a las personas acusadas de haber incurrido en malos manejos y perseguir a quienes las denunciaron.

Nos referimos, por una parte, al proceso abierto por el Viceministerio Anticorrupción contra un diputado que llamó la atención sobre uno más de los muchos casos de corrupción en los que aparecen involucrados altos funcionarios de YPFB. Y por otra, a la destitución del fiscal que llevó hasta sus últimas consecuencias la investigación que hizo sobre las estafas cometidas en el Fondo Indígena, quien solicitó el encarcelamiento de un ex diputado y actual dirigente del MAS.

Un tercer caso es el que súbitamente salió a luz pública precisamente cuando los dos anteriores empezaban a ocupar lugares destacados en la agenda mediática. Se trata de la aparición, seis meses después de haber sido filmado, de un video en el que se ve y oye a un juez pedir, en nombre de un fiscal, un pago para que el fallo resulte favorable al acusado. Inmediatamente, en medio de un notable despliegue mediático, autoridades de los órganos Ejecutivo y Judicial asumieron gestos de máxima severidad y expusieron su rigor como un ejemplo de su compromiso con la lucha contra la corrupción judicial.

Los tres casos mencionados, cada cual a su modo, resultan muy ilustrativos de la real magnitud del problema al que nos referimos y del lugar que en él ocupa el sistema judicial. Son un fiel reflejo de los extremos a los que ha llegado la degradación de ese Órgano del Estado y de lo poderosas que han llegado a ser las redes tejidas para impedir cualquier intento serio de depuración. No es casual que, tal como ocurre con la Policía Boliviana, cada vez parezca más lejana la posibilidad de una reforma judicial que, más allá de los retoques cosméticos, ataque al meollo de la corrupción institucionalizada.

Una muestra de lo peligroso que es ese proceso nos la dan experiencias ajenas pero muy cercanas, como las que están sufriendo Venezuela, Argentina y Brasil, países cuya estructura económica, política y social amenaza con desmoronarse bajo el peso de la corrupción. Son tan aleccionadores esos casos que lo menos que podría esperarse de quienes tienen en sus manos la administración del Estado boliviano –en los cuatro órganos de poder que lo conforman– es que aprovechen la oportunidad de aprender algo de ellas y, velando por su propio futuro, den claras muestras de su decisión de luchar contra la corrupción con todo vigor y sin miramientos antes de que sea demasiado tarde para detener sus efectos erosivos.
Lamentablemente, como los hechos lo confirman, no es eso lo que se ve pues, cuando de pasar de los dichos a los hechos se trata, no sólo que afloran las vacilaciones sino, lo que es más alarmante aún, se hacen evidentes actitudes cuya condescendencia se asemeja con mucha frecuencia a la complicidad.

Más allá de las abundantes declaraciones de buenas intenciones, lo que en los hechos se ve es una condescendencia que con mucha frecuencia se asemeja a la complicidad

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