Agotamiento político

Sin desconocer importantes diferencias, pareciera que en la región se está viviendo momentos muy parecidos a los que se presentaron a fines del siglo pasado y principios del actual, cuando los sistemas político-partidarios y sus gobiernos surgidos de la redemocratización de la región en los 80 ingresaron en crisis, se deslegitimaron y, finalmente, terminaron derrotados por nuevas propuestas ideológicas y figuras. Además, teniendo como telón de fondo una severa crisis económica internacional que afectó drásticamente la capacidad de respuesta de esas administraciones y deslegitimó el denominado Consenso de Washington que dirigió un cuestionado proceso de modernización liberal.

La gran novedad en esos procesos de recambio fue que se ejecutaron dentro de los marcos del sistema democrático, así sea forzando salidas poco institucionalizadas, para evitar enfrentamientos y no, como en muchas ocasiones en el pasado histórico, a través de golpes militares. Venezuela, Perú, Ecuador, Argentina, Bolivia, son los ejemplos más sobresalientes de esa situación, lista a la que se puede agregar a Brasil donde, probablemente debido a la presencia de un líder consolidado opositor y un partido organizado, el proceso de cambio no tuvo ningún carácter traumático.

Desde entonces mucha agua ha corrido bajo el puente, y las ideas y proyectos que surgieron de esos tiempos, cuya legitimidad ideológica se ha basado también en un excepcional período de bonanza económica, comienzan a mostrar signos de agotamiento. La derrota de la presidenta Fernández de Kirchner en Argentina, la deslegitimación de la cúpula familiar-militar que gobierna Venezuela, que probablemente se traducirá en una severa derrota electoral el domingo, la autorización para procesar a la Presidenta de Brasil, o la decisión del Mandatario ecuatoriano de asegurar su no repostulación para que se aprueben reformas constitucionales entre las que se incluye la reelección indefinida, son muestras de ese deterioro.

En los casos mencionados hay varios elementos comunes. Probablemente, los más destacados son el afán prorroguista de los líderes y partidos que se hicieron del poder. Concebir al Estado como patrimonio y, por tanto, manejar sus recursos a su arbitrio, eliminar cualquier tipo de control, ocultar información pública sin justificación alguna y someter a la administración estatal a la orden del Ejecutivo y el partido. Estar autoconvencidos de que son “la voz” del pueblo y, por tanto, sentirse autorizados para descalificar y agredir a quienes se ponen al frente. Como telón de fondo, la creciente corrupción en todos los niveles del Estado y la creación de entornos político-familiares con creciente capacidad de decisión.

Hay que agregar, como factor detonante, el principio del fin de la época de bonanza que, para peor, encuentra a estos países en condiciones más difíciles de enfrentar que antaño por una de las acciones que, se debe reconocer, agilizaron: la incorporación al mercado de nuevos y amplios sectores de la población.

En ese contexto, dependerá de la inteligencia y vocación democrática de los gobernantes para dar prioridad a los intereses de la gente que los suyos propios, actitud que, lamentablemente, no se observa en Argentina ni Venezuela, donde, más bien, han hecho suyo aquello de “después de mí, el diluvio”.

Pareciera que en la región se está viviendo momentos muy parecidos a los que se presentaron a fines del siglo pasado y principios del actual, cuando los sistemas político-partidarios y sus gobiernos ingresaron en crisis, se deslegitimaron y, finalmente, terminaron derrotados por nuevas propuestas ideológicas y figuras

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