Base esencial para reforma de la justicia

Los cambios que con referencia al sistema de administración de justicia se introdujeron en la actual Constitución Política del Estado, despertaron entusiasmo y adhesiones por parte de quienes no percibieron o no quisieron percibir que servirían para un mayor sometimiento de la magistratura a los designios del poder político. Por ello, se ha calificado a ese hecho como “corrupción normativa”, porque debiendo estar las normas dirigidas a garantizar el bien común, se las destina a un fin opuesto, socavando los cimientos del sistema de administración de justicia.

Cuando se produjo la indicada innovación se hizo consentir que se desestimaría el tradicional procedimiento de designaciones encomendado desde 1826 al Órgano Legislativo, porque, según señalaron, tal modalidad impedía el acceso al Órgano Judicial de juristas independientes carentes de militancia en partidos políticos y con garantía en consecuencia de comportamiento imparcial, pues los nuevos magistrados del máximo tribunal de justicia no serían elegidos por los políticos sino directamente por el pueblo soberano. Anunciaron luego que, con ello, se iniciaría una seria reforma judicial con el propósito de hacer que el sistema de administración de justicia fuera eficiente y libre de corrupción.

Sin embargo, es posible constatar que la modificación que se comenta sólo condujo a un mayor deterioro del sistema, pues los postulantes a los cargos respectivos fueron previamente seleccionados por el Órgano Legislativo entre personas adherentes o simpatizantes del MAS, suscitando desde el principio dudas acerca de la idoneidad académica y moral de los elegidos.

Como señaló reiteradamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos, “uno de los objetivos principales que tiene la separación de los poderes públicos es la garantía de la independencia de los jueces”. Doctrinalmente, en la actualidad es predominante la opinión que considera que para garantizar la independencia del Órgano Judicial en conjunto y de los jueces individualmente considerados, su estructura y conformación no debería emanar de los órganos Ejecutivo y Legislativo, dado que en muchas ocasiones debe procesar demandas en contra de ellos y para respetar y aplicar el espíritu de la Constitución y de los Pactos Internacionales.

En mérito a ese principio, y como han sugerido varios expertos, en la Cumbre Judicial que el Presidente del Estado ha ofrecido convocar, se deberán abordar temas como un sistema de adecuada carrera judicial, control democrático de la magistratura, evaluación del desempeño profesional y estructuras administrativas y será útil recordar que metodológicamente pareciera que sólo requeriría reforma constitucional el cambio de la forma de elección de las autoridades del sistema, sobre las que, también, hay un amplio debate entre quienes consideran que se debe reponer el tradicional sistema de elección (por la Asamblea Legislativa y con mayoría calificada) hasta quienes postulan que la designación de los Magistrados del Órgano Judicial sea tarea de la sociedad vía entidades representativas y sin injerencia de los Órganos Ejecutivo y Legislativo.

Es, pues, complejo y largo el proceso de reforma del sistema judicial si en verdad se busca ponerlo al servicio de la ciudadanía y no sólo cuidar las formas que permitan disimular la perpetuación de su dependencia político-partidaria.

Antes de organizar una llamada “Cumbre Judicial”, lo que se debe hacer es reformar la Constitución Política del Estado en la parte concerniente al modo de designación de los Magistrados del Órgano Judicial

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