Cuarteles, centros de violencia e impunidad

Una vez más un centro de entrenamiento militar del Ejército nacional ha alcanzado notoriedad por el más ingrato de los motivos: la muerte de un joven boliviano. Esta vez ha sido José Nicolás Pardo Pinto, un soldado del Regimiento René Barrientos Ortuño, Cochabamba, quien en misteriosas circunstancias ha perdido la vida en un cuartel.

El caso no es algo excepcional ni mucho menos. Por el contrario, es sólo uno más de una ya muy larga serie de casos similares que han hecho de los cuarteles militares y policiales, y muy especialmente los dedicados a la formación de sus miembros más jóvenes, los principales escenarios de violación de los derechos humanos en nuestro país.

Las cifras al respecto son muy elocuentes. Según datos oficiales, desde el año 2006 ya suman más de 30 muertes ocurridas en recintos militares entre conscriptos, cadetes, oficiales, soldados de tropa y una enfermera. El fallecimiento del soldado Pardo Pinto es el tercero de los registrados en lo que va del año.

Tan alarmante como los datos estadísticos es que todos esos casos tienen un elemento en común. Es que los autores de las muertes no fueron identificados ni castigados, lo que indica que las autoridades jerárquicas de las instituciones armadas incurren con insistencia en el encubrimiento de sus camaradas. Así, a la gravedad que de por sí reviste cada uno de los más de 30 casos denunciados, se suma la aplicación sistemática de la impunidad.

El resultado final de tal situación es que hasta la fecha no ha concluido ninguno de los procesos iniciados, no ha habido ni un solo fallo que sancione los casos de violación de derechos humanos y las autoridades militares y policiales sistemáticamente se negaron, franca y abiertamente, a atender los requerimientos del Defensor del Pueblo para explicar los motivos de su actitud.

Cabe recordar al respecto que la Defensoría del Pueblo –cuando esa institución todavía era merecedora de ese rótulo– pidió con insistencia el apoyo de otras instancias estatales para poder cumplir su misión a cabalidad, sin que tales requerimientos hubieran sido alguna vez atendidos. Pese a ello, se llegó a establecer que de casi mil casos de violencia cuartelaria denunciados hasta 2013, 28 llegaron a causar la muerte de las víctimas a causa del excesivo rigor de los ejercicios de entrenamiento y de la dureza de los castigos impuestos, que en muchos casos llegaron hasta la tortura, entre otras causas que jamás llegaron a ser establecidas con precisión.

Además de la violencia que los ocasionó, los casos señalados tienen en común la desigual batalla legal librada entre los familiares que buscan justicia y quienes se empeñan en encubrir a los autores y defender la vigencia de tan violentas prácticas en los cuarteles de Bolivia.

Los informes que en reiteradas ocasiones presentó el anterior Defensor del Pueblo son de lo más reveladores sobre la real magnitud de un problema que ya no puede ser minimizado. Y aunque ahora, cuando esa institución ha sido reducida a la condición de apéndice del Gobierno central, no es mucho lo que se puede esperar de sus gestiones, no hay que dejar de insistir que es precisamente para atender este tipo de casos que esa institución fue concebida. Es de esperar que con tan penoso motivo se ponga a la altura de su misión.

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