EDITORIAL

Errores constitucionales

Más allá de los argumentos políticos a favor o en contra del fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que habilita la reelección indefinida del presidente Evo Morales, resalta el grosero error de fechas cometido en una resolución emitida por el despacho de un ex magistrado constitucional, que tuvo participación en los fallos que dieron vía libre legal a las repostulaciones del actual presidente del Estado Plurinacional.

En un fallo que involucra a un líder político opositor, cuya fecha de emisión es de septiembre de 2017, se menciona como referente de jurisprudencia a la resolución que habilita al presidente Evo Morales a postularse de manera indefinida al cargo, emitida a fines de noviembre de la pasada gestión. El error es grosero por cuanto el fallo de septiembre cita a un escrito que, por entonces, no debía existir. El ex magistrado Zenón Bacarreza asegura que fue un “error involuntario” debido a la gran carga procesal que tiene cada despacho del TCP.

Más allá de las posiciones políticas y de las explicaciones posteriores, el hecho debe preocupar a la ciudadanía boliviana.

Los fallos del TCP son inapelables a nivel nacional; es decir, que ningún otro tribunal del país puede modificar estas sentencias que son vinculantes y de cumplimiento obligatorio. Con este respaldo legal, los afines al oficialismo señalan a voz viva que el fallo que da vía libre a la reelección indefinida de autoridades, es inapelable, irrevisable e irrefutable (artículo 203 de la CPE).

Esta característica exige que el trabajo del TCP sea de excelencia, por cuanto sus fallos dirimen asuntos de suma importancia para el Estado y la sociedad boliviana. Las repostulaciones del presidente Morales al cargo han sido posibles en 2014 y 2019 gracias a sentencias constitucionales. A las dudas sobre el razonamiento constitucional basado en los derechos políticos de las personas que habilita la reelección indefinida de Morales, ahora se suman errores groseros de ex autoridades cuestionadas por su independencia jurídica y su afinidad a organizaciones sociales vinculadas al oficialismo.

El hecho es también un síntoma de la poca preparación y competencia que campea en el sistema judicial boliviano. Para ningún litigante es extraño que resoluciones judiciales realizadas hoy lleven la fecha de hace dos meses, con la burda justificación de que estaban listas y que “sólo faltaba la notificación”. Son males sistémicos de un área estatal incompetente e inhumana que juega y comercia con los destinos del público litigante.

Un Tribunal Constitucional precisa de profesionales brillantes y seres humanos en extremo conscientes, capaces de asumir una alta responsabilidad de Estado porque está de por medio la paz social y el futuro del país. Lamentablemente durante estos años, el TCP ha dado una imagen penosa de improvisación, sometimiento e informalidad. ¿Quién vigila, controla y corrige desde el constitucionalismo y la moral el trabajo del Tribunal Constitucional Plurinacional?

A las dudas sobre el razonamiento constitucional basado en los derechos políticos de las personas que habilita la reelección indefinida de Morales, ahora se suman errores groseros de ex autoridades cuestionadas por su independencia jurídica y su afinidad a organizaciones sociales vinculadas al oficialismo.

 

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