EDITORIAL

El fallo de La Haya

Si el audio que revela la escabrosa conjura para encarcelar a Jhiery Fernández ha tenido la virtud de convencer a medio país de su inocencia, ¿cómo es que sigue en la cárcel? La respuesta es que, lamentablemente, la realidad jurídica del país dista mucho de las visiones idílicas que nos ofrece el cine.

En las películas, el inocente es liberado ni bien se presenta la prueba de su inocencia. En Bolivia, y en muchos otros países, hay que seguir todo un trámite para liberar a una persona injustamente encarcelada.

El primer gran obstáculo es que Fernández ya tiene una sentencia condenatoria en su contra. Lo que correspondería, entonces, es pedir una revisión extraordinaria de sentencia que generalmente se tramita con celeridad. No obstante, este caso está pendiente de apelación así que primero se debe resolver ese recurso.

El otro problema es convertir el audio en prueba idónea. Pese a que ya no son recursos tecnológicos nuevos, la legislación boliviana todavía no admite las grabaciones y filmaciones como medios legales de prueba; es decir, no son pruebas válidas. En su parágrafo primero, el artículo 144 del nuevo Código Procesal Civil señala que “son medios legales de prueba, los documentos, la confesión, las declaraciones de testigos, la inspección judicial, la reconstrucción de hechos, el peritaje, las presunciones y la prueba por informe”.

Sin embargo, es posible convertir el audio en prueba ya que el parágrafo tercero señala que “las partes pueden valerse de cualquier otro medio de prueba no prohibido expresamente por la Ley, y que consideren conducentes a la demostración de sus pretensiones”. Más aún, el parágrafo segundo establece que “igualmente se consideran medios legales de prueba los documentos y firmas digitales y los documentos generados mediante correo electrónico, en las condiciones previstas en la Ley”. Debido a la calidad que tiene el audio filtrado a los medios, y a la tecnología actual, es fácil suponer que la grabación es digital así que se la puede plantear como un documento de esa naturaleza. No obstante, hay que conseguir que la prueba sea aceptada en el proceso; es decir, que se judicialice.

Mientras pase una u otra cosa, los días seguirán transcurriendo y el médico seguirá en la cárcel. Se convertirá en un ejemplo de la complejidad y burocracia de nuestras leyes y quizá lo único rescatable de esta situación es que así veremos que éstas no son tan buenas como creímos y es hora de mejorarlas.

Hay mucho que cambiar pero, por lo menos por lo sucedido en este caso, primero hay que apuntar al Ministerio Público. La ley orgánica del sector, promulgada el 11 de julio de 2012, les da demasiado poder a los fiscales y la prueba de ello es lo que pasó en el caso del bebé Alexander.

Con la legislación tal como está, el primer juez de una causa es el fiscal porque es él quien decide si una persona va a juicio o no. Entre sus atribuciones está la de decidir si acepta o rechaza una denuncia, si dicta sobreseimiento, si imputa o acusa formalmente. Debido a ello, muchos fiscales se han corrompido porque han pedido o recibido dinero a cambio de no imputar.

Otro tema que debe considerarse es el de la confidencialidad, o la declaratoria de reserva, que convierte los procesos en algo secreto, lejos del alcance de la prensa, y permite a jueces y fiscales hacer su soberana voluntad, como en el caso del bebé Alexander.

Por tanto, para cambiar a la justicia, primero hay que ver los defectos de la Ley Orgánica del Ministerio Público y dilucidar la mejor manera de corregirlos. El injusto encarcelamiento de Jhiery Fernández es la prueba de que estamos cada vez peor y debemos cambiar de inmediato.

 

 

Si el audio que revela la escabrosa conjura para encarcelar a Jhiery Fernández ha tenido la virtud de convencer a medio país de su inocencia, ¿cómo es que sigue en la cárcel? Hay mucho que cambiar pero, por lo menos por lo sucedido en este caso, primero hay que apuntar al Ministerio Público

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