Reservas y fiscales

Con todo y el dolor que causó al imputado y su familia, el caso del médico Jhiery Fernández está resultando muy útil debido a que nos ha demostrado, de manera descarnada y objetiva, la podredumbre de la justicia boliviana.

Hay mucho que se debe cambiar pero, para no causar un remezón en la legislación boliviana, se debe ir de a poco. Y la primera ley a la que se debe poner atención es a la del Ministerio Público que lleva el número 260.

Como su antecesora, esta Ley Orgánica del Ministerio Público no fue diseñada para “velar por el respeto de los derechos y las garantías constitucionales”, tal cual reza su artículo 2, sino para proteger a los fiscales y darles poder.

Apenas ayer, el todavía fiscal General del Estado espetó al periodista que se involucró más que los demás en el también denominado caso Alexander. “Tú has violado toda la reserva”, le dijo antes de que la autoridad ingresara a la audiencia en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados. Y lo hizo como si el periodista hubiera cometido un sacrilegio.

En la estructura mental de los fiscales, la violación de la reserva es una falta muy grave, con grado de delito, porque se han acostumbrado a utilizarla. Cuando esta figura fue introducida a su ley orgánica, la prensa advirtió que sería muy peligrosa pero los legisladores no hicieron caso. Justificaron su inclusión señalando que lo que se buscaba era evitar que la divulgación de información perjudicara las investigaciones.

En los hechos, la declaratoria de reserva sólo sirvió para que los fiscales hagan lo que les venga en gana con sus investigaciones y, para peor, que las negocien con los involucrados, según sostienen varios denunciantes. Como ellos son los que deciden el destino de un acusado, porque son los que archivan una denuncia, la rechazan o bien imputan por la comisión de delitos, son también susceptibles a sobornos, aunque el Fiscal General saliente asegura que la institución está libre de corrupción. Para proteger sus actuaciones, simplemente declaran la reserva de un caso, aún sin justificarla.

Gracias a la reserva, los fiscales, si quieren, pueden lavar actuados, hacerlos desaparecer o bien orientarlos hacia un cierto sentido, como ocurrió con Jhiery Fernández. Por ello, lo primero que tendría que cambiarse es la reserva. Hay que eliminarla de la Ley Orgánica del Ministerio Público y sólo dejar la que se emplea cuando las investigaciones se refieren a niños, niñas y adolescentes.

Pero la reserva no es lo único que se debe cambiar. Debido a esa ley, la información se ha centralizado en el Ministerio Público y se maneja con criterio discrecional. Otro artículo peligroso es el 9, referido a la confidencialidad, que señala, en su parágrafo III, que “las y los investigadores policiales están prohibidos de proporcionar información a terceros ajenos a la investigación sobre las investigaciones en curso”. Gracias a este párrafo, no sólo los policías sino hasta los fiscales se niegan a proporcionar información, salvo autorización expresa del fiscal departamental. Mientras se consigue esa autorización, el tiempo pasa y los plazos se cumplen.

Y si bien los fiscales pueden negarse a proporcionar información, y actuar subterráneamente, lo que exigen a los demás es lo contrario; es decir, que se informe, y lo hacen con el nombre de “obligación de cooperación”, establecida en el artículo 17 de la Ley 260. Ellos no informan pero los demás tenemos “la obligación de proporcionar la información, remitir la documentación requerida y/o realizar cualquier diligencia relacionada con la investigación solicitada por el Ministerio Público de manera inmediata, directa y gratuita, bajo responsabilidad prevista en el Código Penal”.

Ese artículo, que viola varias leyes, incluida la de imprenta, también debe cambiarse.

 

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