Cómo mueren las democracias

Con este título, los académicos de la Universidad de Harvard Steven Levitsky y Daniel Ziblatt sostienen que durante la Guerra Fría, golpes de Estado provocaron el colapso de tres de cada cuatro democracias, mediante la coacción y el poder militar. Sin embargo, existe otra manera de hacer quebrar una democracia, un modo menos dramático pero igual de destructivo. Las democracias pueden fracasar en manos no ya de generales, sino de líderes electos, de presidentes o primeros ministros que subvierten el proceso mismo que los condujo al poder.

Y advierten que la paradoja trágica de la senda electoral hacia el autoritarismo es que los asesinos de la democracia utilizan las propias instituciones de la democracia de manera gradual, sutil e incluso legal para liquidarla. A tiempo de recordar como ascendieron al poder Adolf Hitler en Alemania, Benito Mussolini en Italia, Alberto Fujimori en Perú, Hugo Chávez en Venezuela, entre otros, identifican los rasgos que caracterizan a una persona autoritaria, que son: 1) rechaza, ya sea de palabra o mediante acciones, las reglas democráticas del juego; 2) niega la legitimidad de sus oponentes; 3) tolera o alienta la violencia; y 4) indica su voluntad de restringir las libertades civiles de sus opositores, incluidos los medios de comunicación.

El libro pone de relieve que el desmantelamiento de la democracia se inicia de manera paulatina y para muchos ciudadanos puede resultar imperceptible. Al fin y al cabo, se siguen celebrando elecciones, los políticos de la oposición continúan ocupando bancas en el Congreso y la prensa independiente sigue publicándose. La erosión de la democracia tiene lugar poco a poco, en cámara lenta. Cada uno de esos pasos, por separado, suena insignificante: ninguno de ellos parece amenazar realmente la democracia. De hecho, los movimientos del Gobierno para subvertirla suelen estar dotados de una pátina de legalidad: o bien los aprueba el Parlamento o bien el Tribunal Supremo (Tribunal Constitucional) garantiza su constitucionalidad. Muchos de ellos se adoptan con el pretexto de perseguir un objetivo público legítimo (e incluso loable), como combatir la corrupción, garantizar la “limpieza” de las elecciones, mejorar la calidad de la democracia o potenciar la seguridad nacional.

El control total de las instituciones democráticas es clave, ya que hacen de árbitro. Una vez controlados los árbitros, los autócratas electos pueden desviar su atención hacia sus adversarios. La mayoría de las autocracias contemporáneas no borran todo rastro de disidencia, como hizo Mussolini en la Italia fascista o Fidel Castro en Cuba. El modo más sencillo de lidiar con los adversarios potenciales es comprarlos. La mayoría de los autócratas electos empiezan por ofrecer puestos políticos, empresariales o mediáticos destacados, favores, ventajas o, directamente, sobornos a cambio de su apoyo, al menos, de su silencio y su neutralidad. Recuerdan que Vladimiro Montesinos hacía este trabajo a la perfección en la gestión de Fujimori.

Pero para atornillarse en el poder, los gobiernos deben hacer algo más: cambiar también las reglas del juego, comenzando por reformar la Constitución, el sistema electoral y otras instituciones que debilitan a la oposición, inclinando de nuevo el terreno de juego en contra de sus rivales. Capturando a los árbitros, comprando o debilitando a los opositores y reescribiendo las reglas del juego, los dirigentes electos pueden establecer una ventaja decisiva (y permanente) frente a sus adversarios. Y dado que estas medidas se llevan a cabo de manera paulatina, bajo una aparente legalidad, la deriva hacia el autoritarismo no siempre hace saltar las alarmas.

La obra recuerda que los dictadores desde Franco, Hitler y Mussolini en la Europa de entreguerras hasta Marcos, Castro y Pinochet durante la Guerra Fría, Putin y Chávez en el pasado más reciente, han justificado su consolidación en el poder etiquetando a sus adversarios de amenaza existencial.  Algunas de las quiebras democráticas más trágicas de la historia estuvieron precedidas por una degradación de las normas básicas.

La polarización puede despedazar las normas democráticas y cuando las diferencias socioeconómicas, raciales o religiosas dan lugar a un partidismo extremo, en el que las sociedades se clasifican por bandos políticos cuyas concepciones del mundo no sólo son diferentes, sino, además, mutuamente excluyentes, la tolerancia resulta más difícil de sostener.

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