EDITORIAL

Recursos públicos, recursos privados

La controversia en torno al dinero que se recauda con la tasa de rodaje en la autopista La Paz-El Alto a favor de la dirigencia de una de las organizaciones de choferes trae a colación el viejo debate de lo que ocurre cuando los recursos privados se mezclan, así sea temporalmente, con los públicos.

Según la última explicación que dio al respecto el ministro Óscar Coca, el cobro de 20 centavos a cada vehículo de la Federación de Chóferes “1º de Mayo” de La Paz tiene como base un acuerdo al que se habría llegado en el último gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada. Involucrar a ese expresidente —cuyo nivel de rechazo ha crecido en los últimos años— parece ser una buena manera de desviar la atención sobre la responsabilidad en lo sucedido y, si a eso se suma el nombre de Carlos Mesa, que era su vicepresidente, la explicación tendría doble beneficio porque, además, se estaría implicando a un rival político del presidente Morales. Sin embargo, la fórmula no pareció tener el efecto esperado, quizás porque no se mostró ningún documento que lo sustente y porque, además, el ministro no parecía muy seguro de sus datos porque dijo que el acuerdo se habría alcanzado entre 2003 y 2004. Cabe hacer notar que Sánchez de Lozada solo gobernó hasta octubre de 2003.

Además de la falta de precisión, existen otros detalles llamativos de la explicación del ministro que, de inicio, negó rotundamente el cobro y criticó a la prensa —a la que le tiene particular animadversión— por ocuparse del asunto. Resulta que los años que él refiere para el acuerdo no concuerdan con la versión del diputado Wilson Santamaría que fue quien reveló estos cobros. El legislador señaló, con claridad, que el acuerdo es de 2008; es decir, ya en el gobierno de Evo Morales. De ser así, el ministro no solo estaría mintiendo, al proporcionar datos falsos, sino que también estaría incurriendo en difamación y calumnia.

Pero el fondo del asunto está en si esa recaudación es legal o no, así sea voluntariamente aceptada, como afirman el gobierno y los dirigentes involucrados en el millonario asunto. La razón para su cobro es un fondo denominado Prosalud que, por ello mismo, tendría que ser empleado en la salud de los chóferes de la federación involucrada. Sin embargo, a raíz de la denuncia, se averiguó que el gobierno del presidente Morales pagó el 53 por ciento de la refacción de la clínica 16 de Noviembre, que pertenece a esa federación. ¿Quién o qué instancia fiscaliza esos recursos?

Lo que se puede ver, entonces, es que existe una clara actitud de favorecimiento por parte del gobierno hacia una federación que le ha respaldado a tal punto que más de una vez protagonizó bloqueos en La Paz en contra del alcalde opositor.

La cuestión legal todavía no queda clara y las advertencias no solo de los dirigentes de la federación sino del propio ministro en el sentido de que ese dinero no puede fiscalizarse son, por decir menos, escandalosas.

Aunque fuera cierto que los 20 centavos solo son cobrados a los afiliados a la federación paceña —el diputado denunciante asegura que el cobro se aplica a todos los vehículos que utilizan la autopista— la verdad es que ese dinero sí es susceptible de fiscalización porque, al recaudarse, están utilizando una autopista que es bien del Estado.

Los recursos privados no se fiscalizan pero cuando, de una u otra manera, se involucran con recursos, cuentas o bienes del Estado, automáticamente se convierten en objeto de control. Resulta alarmante que haya voces en el gobierno que piensen lo contrario porque, si es así, es lícito preguntarse cómo se están manejando los recursos que ingresan a las arcas del Estado por diferentes conceptos.

 

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