EDITORIAL

Pueden comprar, pueden tributar

Que un ex funcionario de YPFB haya sido involucrado en la polémica por la compra de un automóvil de lujo, simplemente por un caso de homonimia, mantiene vigente la controversia que, como ocurre con este editorial, sigue ocupando espacios en la prensa nacional.

Pero, además del equívoco, lo que contribuyó a que el asunto mantenga actualidad son las declaraciones de la diputada Juana Quispe quien, cuando se le preguntó si los cocaleros pueden comprar ese tipo de vehículos, respondió que “con nuestro propio trabajo podemos comprar, nadie nos puede prohibir, no solamente la derecha puede compararse esa clase de vehículos, pero (…) hasta ahorita no hemos llegado a comprar eso (…). Quizá hasta llegar a ser abuelitos podemos juntar economía para eso”.

Existe una evidente contradicción en las palabras de la legisladora porque, por una parte, admite que el sector de los cocacultores puede comprar un automóvil Lamborghini, como el de la polémica; pero, por otra parte, señala que tendría que pasar mucho tiempo para eso.

La única explicación posible para esas contradicciones es que la diputada respondió emotivamente pero, a medida que declaraba, se dio cuenta de su error e intentó enmendarlo. Tarde. Palabra suelta no tiene vuelta.

Basándonos sólo en las palabras de la asambleísta, y no en especulaciones ni en versiones extraoficiales que sindican a los cocaleros del Chapare a estar involucrados con el narcotráfico, descubrimos que ese sector ha diversificado su producción. En palabras de Quispe, “no solamente nos dedicamos a la coca (…). Por ejemplo, yo tengo ganado y piscicultura. Produzco también yuca, plátano, arroz, palta, piña y naranja (…), porque allá estamos diversificando la producción”. Agregó que “con nuestro propio trabajo podemos comprarnos (ese tipo de vehículos), a nadie le importa (…), tenemos todo el derecho de justificar con nuestro trabajo”.

Que la producción agrícola del Chapare se haya diversificado es una buena noticia. El cultivo de coca sin respetar las pausas que solían aplicarse en tiempos de los incas le han causado un grave daño a la tierra y esa sería una de las razones para que esta haya cedido en sectores como el camino a Yungas, donde desaparecieron los árboles que antes eran contenedores de las mazamorras. Ahí está una de las causas de los recientes y mortales deslizamientos de Caranavi.

Y, por lo que dice la legisladora, los cocaleros no sólo han diversificado su producción sino que les va bien con esta, tanto que —y lo dijo dos veces:— pueden comprarse un Lamborghini y, si es así, esa es una cuestión privada que a nadie debería importarle.

Puestas así las cosas, la diputada tiene razón. Una persona que trabaja en el marco de la legalidad puede comprar lo que guste y eso no tiene por qué importarle a la gente. No obstante, existe un detalle que ni los cocaleros ni el Gobierno parecen tomar en cuenta: la universalidad del tributo.

El tributo es la “obligación dineraria establecida por la ley, cuyo importe se destina al sostenimiento de las cargas públicas” y uno de sus principios es la universalidad; es decir, todos deben tributar. Para ser más específicos, todos aquellos que tienen algún tipo de ingreso económico deben tributar.

En Bolivia no se respeta ese principio porque el tributo no es universal. Los impuestos son cobrados, y cada vez con más cargas y multas, a las personas particulares o a las empresas privadas, sin considerar su tamaño, pero existe demasiada flexibilidad con algunos sectores que, casualmente, son aliados estratégicos del Gobierno.

La propuesta de cubrir parte del costo del Seguro Universal de Salud con un impuesto a los cocaleros fue inmediatamente rechazada por el Gobierno que prefiere endeudar al país para ello. Pero los cocaleros pueden comprar un Lamborghini.

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