Conocimiento, aunque básico

La igualdad está legislada

de manera especial por la Ley 045, que la consigna como principio general, y califica como discriminación a toda forma

de distinción, incluida la fundada en razón de cultura y grado

de instrucción

Lo primero que debe quedar claro es que la Constitución Política del Estado consagra la igualdad de los habitantes de Bolivia desde el primer artículo, cuando dice que este es un país que “se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico”. Más aún, el parágrafo segundo del artículo 8 incluye a la igualdad entre los valores que sustentan a nuestro Estado.

Sobre esa base, y a diferencia de lo que ocurrió en los primeros años de la república, los poderes del Estado se estructuran con exigencias mínimas para los postulantes a ocupar sus cargos jerárquicos. Cuanto más, la Constitución exige residencia continua y edades mínimas. Es suficiente tener 18 años para ser candidato a asambleas legislativas o concejos municipales, 21 para alcaldesas o alcaldes, 25 para gobernadoras, gobernadores, ministras y ministros y 30 en el caso de la presidencia y vicepresidencia y de las vocalías electorales.

Con excepción del Órgano Judicial, que por su naturaleza requiere estar integrado por abogados, y el Electoral, para el que el artículo 207 exige “tener formación académica”, no se pide nada más a las autoridades de los poderes ejecutivo y legislativo. En otras palabras, incluso un analfabeto puede ser elegido o designado como autoridad. Y no es que eso sea malo sino que se enmarca en el concepto de igualdad. La facultad de leer y escribir pone en ventaja a una persona respecto de quien no tiene esas habilidades y, si se exige aquella, se está atentando contra los derechos de quien no la posee.

La igualdad está legislada de manera especial por la Ley 045, que la consigna como principio general, y califica como discriminación a toda forma de distinción, incluida la fundada en razón de cultura y grado de instrucción. Eso quiere decir que, si se exige algún tipo de conocimiento a una autoridad, o se la pone como requisito para acceder a un cargo, se estaría vulnerando también esta norma.

Esas son las leyes que determinaron la conformación de nuestros poderes del Estado y los resultados no son precisamente halagadores. Como se puede ver al revisar los reportes de los últimos años, la mayoría de los casos de supuesta comisión de delitos por parte de asambleístas, sean estos plurinacionales o departamentales, involucraron a personas que no tienen formación académica y, en algunos casos, que ni siquiera contaban con el diploma de bachiller.

No es discriminación recordar una verdad de Perogrullo: la formación académica, primero, y la de humanidades, de manera subsidiaria, permite que una persona acumule conocimientos, sin tomar en cuenta su calidad o cantidad. El conocimiento, así sea básico, o cualquier otro tipo de formación, son útiles en momentos de crisis o cuando una persona no está en el uso pleno de sus facultades. Pueden ayudar a frenar reacciones que degeneren de actos criminales.

Desde luego que existen personas que, sin ningún tipo de instrucción formal, pueden reaccionar mejor que las que tienen estudios pero, aún en estos casos, el antecedente es que se les formó de manera empírica, incluso con el ejemplo.

Al margen de los casos extremos; es decir, aquellos que llegaron al delito, es deseable que las autoridades tengan instrucción, por lo menos básica. Existen conocimientos insoslayables como, por ejemplo, las operaciones aritméticas o la lecto-escritura, sin que esta última represente necesariamente el haber leído muchos libros.

Con esas exigencias básicas, que no representan discriminación, no llegaremos al caso de sorprendernos que un diputado declare que la recuperación de los restos de Carlos Medinaceli necesitaba la mediación de la Cancillería.

 

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