EDITORIAL

Derechos Reales

El sector inmobiliario está en auge. Diariamente se registra compra y venta de inmuebles y en algunos casos, que no por ello son aislados, las inauguraciones de edificios son megafiestas a las que se invita a cientos, miles de personas. Es el caso de los ahora famosos “cholets” que están asociados a la idea de bonanza económica.

Y el mercado inmobiliario mueve millones. La venta de materiales de construcción, cuya estadística no se maneja de manera oficial, lo comprueba. En el área rural, las tierras donde existen agregados son las más codiciadas porque permiten recuperar rápidamente la inversión.

Debido a este auge, que no es resultado del actual gobierno sino que tiene su origen mucho antes, la venta de cemento es un buen negocio. En Sucre, la Fábrica Nacional de Cemento (Fancesa) está asociada a una idea de prosperidad así que en otras ciudades, como Oruro y Potosí, se han puesto en marcha proyectos para construir factorías de ese tipo. Para garantizar sus inversiones, el gobierno ha anunciado una norma que obligue al sector público a construir sus obras con cemento de empresas públicas.

En medio de ese y otros síntomas, las ciudades crecen aceleradamente. Y como la compra y venta de inmuebles está regulada por el Código Civil, entonces el papel que cumple el servicio de Derechos Reales es clave para esa actividad.

La manera idónea de demostrar el derecho propietario de un bien inmueble es a través del Registro de Derechos Reales que es uno de los dos registros públicos del Estado boliviano. En este no sólo deben registrarse los actos traslativos de dominio, como compras y ventas de inmuebles, sino hasta 16 actos o títulos enumerados en el artículo 1540 del Código Civil.

El Registro de Derechos Reales es el que, además, demuestra el justo título de las personas sobre los bienes; es decir, el derecho que tienen aquellas sobre éstos y en todo lo descrito radica su importancia.

Sin embargo, malos profesionales del Derecho y otro tipo de personas vinculadas a esta actividad registral la han convertido en otra repartición pública contaminada por la corrupción. A cambio de pagos de sumas de dinero, o bien actuando para beneficio propio, servidores públicos que trabajan en esos registros los han alterado de manera tal que el derecho sobre los bienes inmuebles aparecen a nombre de otras personas que, según las denuncias, no son los legítimos propietarios.

La fe del Estado recae en los registros públicos. El Registro Cívico es el que garantiza la identidad de las personas, su estado civil y sus relaciones con sus familiares. El Registro de Derechos Reales es el que regula los derechos sobre los bienes inmuebles si uno u otro fallan, el Estado puede caer en una crisis institucional grave.

Y por las denuncias que ahora provienen incluso del propio gobierno, las irregularidades o, más directamente, la corrupción en Derechos Reales no se limita a una sino a varias de sus regionales u oficinas departamentales.

En esta parte del país es sobradamente conocida la situación del ahora ex juez registrador de Derechos Reales de Chuquisaca que está purgando detención preventiva, pero luego se supo que los ilícitos que se le atribuyen se habrían repetido, con sus lógicas variantes, en otras ciudades. Por ahora, las regionales de Derechos Reales con acusaciones de irregularidades son Chuquisaca, Santa Cruz, La Paz y Cochabamba.

Como se ve, son cuatro de las nueve regionales y la totalidad de las del eje central pero no se descarta que haya otras porque existen indicios de irregularidades también en otras ciudades.

Lo curioso es que esta situación crítica se presente pese a la existencia de un Consejo de la Magistratura cuya función es, precisamente, evitar las irregularidades.

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