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¿Quo vadis justicia?

Me han preguntado si me animaría a evaluar el estado del arte de la administración de justicia boliviana en el recién pasado año. Complicadísimo resulta en el espacio aquí disponible, pues debiera abarcar varias planas, pero, le meto nomás y corro ese riesgo, generalizando.

No debe haber nadie en el país, peor los medianamente informados y con alguito de sentido común (sé que es el menos común de los sentidos), que pueda razonablemente sostener que vamos bien. Pese a todo, algunas perlitas deben destacarse. Por ejemplo –obligados por la pandemia– la relativa informatización del sistema: audiencias virtuales (con luces y sombras) y algún atisbo de litigio virtual en presentación de demandas y memoriales; el portafolio digital del Ministerio Público es un gran avance, sobre todo para el acceso al sistema (falta provincias); la amplia disponibilidad de facilidades para conciliar (Órgano Judicial y MP) es también plausible, así como la interoperabilidad del sistema en curso. ¡¡¡Bravo!!!

La cuestión de fondo es que al final del día y salvando las excepciones que sí existen pues hay varios operadores que, pese a todo, lo hacen bien, en la medida de las posibilidades del sistema y alumbran justicia en varios casos, es innegable que la tendencia del sistema –me duele y mucho como abogado– ha seguido demostrablemente fracasando en su razón de existir: tutelar efectiva y oportunamente los derechos y garantías de TODAS las personas y, lo peor de todo es que no se advierten reales señales de que podría superarse, sino exactamente lo contrario. MAS de lo mismo.

Paradójicamente, una buena noticia es que durante el recién pasado año, por si es que faltaran, se han presentado una cantidad de informes, estudios y otros provenientes de la comunidad internacional, que han puesto en mayor evidencia de lo que ya estaba aquel desastre: la Opinión Consultiva 28/21 de la Corte IDH sobre el burdo “derecho humano” a la reelección indefinida ha dejado en mayor ridículo del que ya estaba al TCP (el anterior que lo forjó y el actual que lo tiene entre algodones); así como los sistemáticos estudios como el del GIEI, el acostumbrado y prestigioso del World Justice Proyect y otros que han reiterado, por si es que fuere necesario, que no existe independencia judicial ni objetividad fiscal, que la Policía está a disposición del partido de turno para el trabajo sucio y otros vicios temibles del sistema de justicia, cuya víctima es el ciudadano, impidiendo otorgar seguridad jurídica.     

Ese dantesco panorama resulta demasiado evidente y perfectamente demostrable cuando se trata de procesos en los que el interés partidario o estatal está presente u otro tipo de factores (entre ellos corrupción) que han prostituido la impartición de justicia haciendo que proceda con base a criterios de oportunidad y conveniencia. Muchos prefieren disimular, ver a la otra vereda o, los menos, navegan felices en ese excremento como peces en el agua, por las pingües ganancias que obtienen.

El contacto que por mis actividades principalmente académicas que mantengo y disfruto con cientos de colegas prácticamente de todo el país, me prueba cotidianamente la enorme frustración que el foro –aquel que prepara estratégicamente sus casos, estudia y argumenta en Derecho– siente cotidianamente, pues aunque el Derecho no es una ciencia exacta, la naturaleza predecible que un sistema de aceptable calidad debiera ostentar, sirve para solo predecir que por mucho que objetivamente te asista la razón y puedas demostrarlo con pruebas, frecuentemente ocurrirá lo contrario si solo tienes como arma el Derecho y no otras malas “artes”.

Sensiblemente, la tan “propagandeada” reforma del sistema ha fracasado nuevamente. Intentos siempre ha habido, pero, al final del día, solo son parches al sistema, que prueban aquella lógica gatopardiana: cambiarlo todo para que todo siga igual o peor. La clase política de todos los colores no tiene ni la inteligencia suficiente ni el sentido común y, menos, la voluntad política –peor cuando están en el Gobierno– para encarar una genuina reforma del sistema de administración de justicia que les ponga efectivos límites al ejercicio de su poder, construyendo un verdadero tercero imparcial que les respire en la nuca y les impida meterle nomás. 

Mientras no haya esa imprescindible voluntad política sostenida y pese a algunos plausibles remiendos al sistema, seguiremos padeciendo esa justicia trituradora de los derechos y garantías de los ciudadanos y, nos seguiremos ‘misileando’ en nuestros pies. Mientras no exista seguridad jurídica, la miseria seguirá multiplicándose, ya que un sistema de justicia confiable no solo garantiza dignidad a la ciudadanía, sino la generación de empleos y riqueza, vía inversiones y movimiento económico: “No tiene el menor sentido reclamar que se dé al César lo que pertenece al César cuando lo que se pide es el poder absoluto como atributo indiscutible del César lo cual desconoce la naturaleza del gobernante y los atributos de la gente, todo como un pretexto para atropellar los derechos de todos los que no gobiernan”. Benegas Lynch (h).


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