Bolivia está a poco más de un mes de rendir su cuarto examen universal sobre la situación de los derechos humanos y, sin embargo, ni la población y, lo que es más grave, ni el Gobierno están hablando de ello. De hecho, hace poco organizaciones de la sociedad civil presentaron sus informes alternativos en una presesión, a la que el Ejecutivo no acudió pese a que el país es miembro del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
No es que no hablemos de derechos o, más bien, de su vulneración; basta ver cualquier portal informativo del país para ratificar que es una constante que indigna. Dos cifras como ejemplo: entre 2022 y 2024, se registraron 153 vulneraciones a personas y organizaciones defensoras de derechos y 425 vulneraciones a la libertad de prensa, según la Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (Unitas), una de las seis organizaciones bolivianas oradoras en la presesión.
Al tratarse del cuarto examen del Estado, se entiende que debería haber un avance, pero la mayoría de las recomendaciones no han sido atendidas o, en el mejor de los casos, han sido aplicadas a medias, de acuerdo con la evaluación de al menos 300 organizaciones de la sociedad civil que ven, más bien, peligrosos retrocesos.
Basta nombrar algunas áreas que serán examinadas: libertad de prensa, libertad de asociación, derecho a defender derechos, medio ambiente, acceso a la justicia. Esta última es, quizá, la que ha dado más ejemplos de un desmoronamiento progresivo en los últimos años, tiempo en el que justamente debía haber mostrado una mejora para garantizar la protección del resto de los derechos, pero no hubo voluntad ni presupuesto.
La politización de la justicia se ha agravado al punto de demorar, por primera vez, las elecciones judiciales, cuestionadas desde su nacimiento, y ha dado paso a una inédita prórroga de los magistrados dictada por ellos mismos.
Tampoco la corrupción ni la revictimización de las sobrevivientes de violencia han sido erradicadas y han surgido corrientes antagónicas a leyes de protección para las mujeres, pese a que estas se cuentan entre los escasos avances.
Ante este estado de cosas, bien haría el Gobierno y, otra vez, la población, en considerar los planteamientos de la sociedad civil, vertidos en el espacio habilitado por Naciones Unidas, que es justamente la que impulsa el EPU desde 2006.
Por ejemplo, entre las propuestas de Unitas están una Ley de Acceso a la Información, de la que ya se viene hablando en el país; reformas normativas para facilitar la libertad de asociación y mecanismos de protección para periodistas y defensores de derechos, que están lejos de contar con entornos seguros.
La Coordinadora Nacional de Defensa de los Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (Contiocap), otra de las organizaciones participantes, planteó, a su vez, la reducción de las emisiones de mercurio en un 50% en tres años y el incremento de recursos para el combate de incendios forestales, que han asolado al país en los meses recientes.
En suma, hay propuestas de la sociedad civil organizada ante problemáticas que indignan a diario a la población; en el pasado, de esas propuestas, han surgido recomendaciones. ¿Hemos sido lo suficientemente vigilantes de su cumplimiento?
Se trata de un trabajo permanente porque el Gobierno rendirá examen ante otros estados un solo día, el 21 de enero, pero tendrá cinco años para aplicar las recomendaciones, tiempo que debe durar el seguimiento.
Unitas, por ejemplo, está proponiendo una ruta para su cumplimiento.
Ojalá que a la tarea se sume no solo la sociedad organizada, sino la población en su conjunto para mantener la expectativa hasta el próximo ciclo porque, de esa manera, es posible una mayor incidencia pese a la falta de voluntad política cuyas consecuencias conocemos y sufrimos. Se trata, no hay que olvidarlo, de un examen del que todos debemos estar pendientes.
