En tan solo una semana hemos pasado de comentar las señales positivas de cambio que dio el nuevo gobierno a las que fueron emitidas en los últimos días por el vicepresidente Edmand Lara y sobre las cuales todavía no se puede llegar a conclusiones, puesto que todo indica que apenas son el inicio de una tendencia que acompañará a los siguientes cinco años.
Hace una semana, precisamente, hablábamos de la coherencia que el presidente y vicepresidente habían mostrado en el Encuentro Empresarial Visión Bolivia 2025, organizado por la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco), cuando ambos hablaron el mismo idioma, especialmente respecto a temas económicos, y lanzaron mensajes tan tranquilizadores que hasta el mercado paralelo reaccionó con el descenso más brusco del dólar de los últimos tiempos.
La esperanza se extendió cuando Lara visitó Potosí, con motivo de la efeméride de ese Departamento, y demostró serenidad y aplomo. Dejó, incluso, promesas de atención a las demandas regionales, incluida la defensa del Cerro Rico de Potosí.
La situación pareció descomponerse luego, cuando el vicepresidente acusó al comandante general de la Policía Boliviana, Augusto Russo Oros, de haber desobedecido una sentencia constitucional que favorecía a un oficial que se había reincorporado a esa institución y, con ese argumento, no solo pidió su alejamiento, sino que el jerarca policial sea procesado.
El asunto de la Policía es sencillo: la designación de los comandantes generales, tanto del Ejército como de la institución del orden, es una atribución del presidente del Estado, puesto que así está en los numerales 17 y 18 del artículo 172 de la Constitución, así que, para nombrar a los nuevos, es suficiente un decreto. De hecho, ya se ha posesionado un nuevo Alto Mando Militar sobre esa base constitucional.
Russo, que fue designado por el ahora expresidente Luis Arce, pudo ser cambiado con otro decreto y ahí terminaba la cosa, pero, por razones que no se terminan de explicar lógicamente, Lara no solo quiere que se vaya, sino que se lo proceso o, mejor, que se lo detenga. Para ello se valió de lo único que le pareció inicialmente legal: una sentencia incumplida. Supuestamente, no se permitió que un oficial reincorporado acceda a un posgrado en la universidad policial, pero, con auto interlocutorio en vano, el comandante policial demostró que todo lo instruido por la justicia ha sido cumplido, incluso en abril de este año. Ergo, el vicepresidente está equivocado, pero él no se dio por enterado y siguió disparando contra Russo. De por medio se supo que el oficial por el que está sacando cara fue dado de baja por un caso de “volteo” de droga que no ha sido esclarecido.
Con todo y las incoherencias apuntadas, todo parecía normal hasta ayer, cuando el vice volvió a sorprender a la ciudadanía con un video en el que confesaba a su enorme masa de seguidores en TikTok que su esposa lo engañaba con su mejor amigo. El video fue retirado de la cuenta poco después y el propio Lara emitió un comunicado afirmando que no era auténtico sino el resultado de la Inteligencia Artificial que se subió por su cuenta, que fue hackeada. Las verificadoras, que tienen métodos técnicos para determinar intrusiones de ese tipo, han dicho que el video retirado era auténtico. De ser así, hay motivos para preocuparse porque estamos hablando del segundo mandatario del Estado, una figura pública que debe mantener su vida privada alejada del desempeño de sus funciones y peor aun cuando se trata de la madre de sus hijos que, dicho sea de paso, también fue elegida servidora pública en los comicios del 17 de agosto.
