Habiéndose cerrado hace tiempo el periodo electoral y con la asunción del presidente Paz y el vicepresidente Lara, el Gobierno está dando muestras de tomar al toro por las astas para enfrentar la crisis económica, de carburantes y de dólares. En los surtidores han bajado notoriamente las filas para conseguir diésel y gasolina.
La primera medida, adoptada incluso antes de la asunción oficial de Paz y Lara, fue el viaje que el equipo económico del nuevo gobierno hizo a Estados Unidos en busca de dólares para paliar la crisis en curso. En lo organizacional, este martes, el Ejecutivo terminó de configurar su nueva estructura, eliminando ministerios, fusionando otros y creando algún otro.
Algunos políticos —más por un afán de figuración que por cordura— no esperaron ni 72 horas para empezar a reclamar acciones concretas y no tantas palabras. Es cierto que, desde un inicio, tanto Paz como sus principales colaboradores se han dado a la tarea de explicar qué pasos se darían de ahora en adelante, después de casi dos décadas completas de gestiones deficientes del Movimiento Al Socialismo (MAS). Pero de inmediato llegaron buenas señales de trabajo y no se justifican las exigencias señaladas.
La promesa de los aún flamantes mandatarios (hoy cumplen recién 11 días en el Gobierno) es la de darle un nuevo rumbo a la nación. Ciertamente, Paz se ha destapado como un gestor creativo, capaz de ver —o de pensar en— oportunidades para esta Bolivia tan necesitada de aires frescos en la política, y, con suficiente mundo vivido, a partir de su estancia en diferentes países, tal cual lo recordó más de una vez en su discurso inaugural, en poco tiempo ha sabido infundir esperanza respecto a las posibles soluciones de los problemas más acuciantes.
Uno de ellos es el de modernizar el Estado. El primer mandatario simboliza la renovación y debe asumir que eso pasa por acabar con lógicas hoy por hoy retrógradas, y también por dotar de herramientas que permitan avanzar a todos los sectores de la sociedad. La modernización del Estado debe ser un principio rector, general, para los ministerios recién presentados.
Los desafíos están plenamente identificados: la consecución de dólares es clave y Paz había señalado que no acudiría al endeudamiento de inmediato, sino que trataría de recuperar los 7.000 millones de dólares, según su propio diagnóstico, que los empresarios bolivianos han dejado fuera del país. Esto implica abordar una reforma fiscal de calado, algo que van a exigir al nuevo gobierno los organismos multilaterales a la hora de acceder a créditos internacionales. En campaña, el PDC prometió seguir el modelo paraguayo del 10% del IVA, pero eso supone ampliar la base de cotizantes, lo que es urgente en una Bolivia con 80 u 85 por ciento de informalidad.
Esto vendrá además acompañado de los pedidos del Grupo de Acción Financiera (GAFI), que exige la bancarización y otras medidas para garantizar la lucha contra el blanqueo y que en su momento el expresidente Luis Arce se vio obligado a retirar. Hay que ver si el nuevo gobierno apuesta por iniciar con medidas de shock urgentes o por un gradualismo.
Otro gran tema que se ha empezado a encarar es el de la reforma de la justicia, a partir del Diálogo Interinstitucional convocado por el Órgano Judicial y al que asistió el Jefe de Estado. Allí se concluyó que el presupuesto para el funcionamiento de la justicia en el país debe ser de por lo menos 5%, una larga aspiración de las instituciones con sede central en Sucre y, claramente, algo muy positivo en aras de un mejor desempeño en el futuro.
Con el liderazgo que viene demostrando, Paz está llamado a apoyar la reforma planteada desde el Tribunal Supremo de Justicia, sobre todo, a partir de la asunción de las nuevas autoridades judiciales.
