Panorama

Procesos a opositores: La nueva ley del embudo

Desde que el Movimiento al Socialismo llegó al poder, suman varias autoridades departamentales y locales sometidas a procesos y alejadas de sus cargos por distintas razones

ENJUICIADO

El ex alcalde potosino, René Joaquino, fue procesado por la adquisición de un lote de vehículos usados durante su gestión (transformers). Actualmente es senador del MAS

Gobernadores y prefectos opositores como Leopoldo Fernández (Pando), Savina Cuellar (Chuquisaca), Mario Cossio (Tarija), Ernesto Suárez (Beni) y los alcaldes René Joaquino, Aydé Nava y Jaime Barrón fueron alejados de sus cargos porque tenían en contra un proceso penal y la mayoría fue reemplazado por representans del Movimiento al Socialismo (MAS). En los últimos días, el suspendido alcalde de Cochabamba, José María Leyes enfrenta un proceso penal por el caso adquisición de mochilas de fabricación china.

ANF hizo un recuento de autoridades departamentales y municipales procesadas por la justicia en la que no están incluidos municipios de ciudades intermedias o del área rural, donde también hay autoridades con procesos penales y en algunos casos fueron separados de sus cargos.

En 2008, Leopoldo Fernández, prefecto (gobernador) de Pando, fue alejado de su cargo al ser procesado por los hechos de la denominada masacre de Porvenir, donde murieron varios campesinos; en su lugar, el presidente Evo Morales nombró a Landelino Rafael Bandeira Arze.

El mismo año, Savina Cuéllar fue elegida prefecta de Chuquisaca y estuvo en el cargo un año y unos meses cumpliendo con su gestión; pero durante ese tiempo se la investigó por los actos de racismo contra campesinos ocurrido el 24 de mayo de 2008. Para Cuellar esa denuncia en su contra fue fabricada por el MAS para sacarla de la prefectura. Otros líderes cívicos y sociales también fueron sentendiados por los hechos de racismo de 2009.

Savina Cuellar es una de las ex autoridades que fue condenada por los hechos del 24 de mayo. La sentencia le impuso siete años y medio de prisión. Su caso se encuentra en revisión ante el Tribunal Supremo de Justicia y ella sigue sometida al régimen de detención domiciliaria.

Posteriormente en 2010, Mario Cossio, electo primer gobernador de Tarija fue suspendido del cargo por procesos penales en su contra por presuntos hechos de corrupción; aquel año Cossio calificó como un golpe de Estado su alejamiento. Fue reemplazado por el entonces asambleísta del MAS, Lino Condori. Cossío abandonó el país en diciembre de 2010 y se refugió en Paraguay.

Luego en 2011, la mayoría masista en la Asamblea del Beni suspendió del cargo al gobernador beniano Ernesto Suárez por presuntos actos de corrupción; en ese entonces la Fiscalía acusó a Suárez de manejos irregulares en el proceso de reparación de un motor para la generación de energía eléctrica para San Borja. Suárez denunció un golpe de Estado institucional. En medio de protestas su lugar fue ocupado interinamente por el asambleísta del MNR, Haisen Ribera.

ALCALDES SUSPENDIDOS

En 2009, la entonces alcaldesa de Sucre, Aydeé Nava (MBL), fue suspendida por el Concejo Municipal a causa de una resolución emanada por el Ministerio Público, en la que se la acusó de irregularidades en la adquisición de 80.000 bolsas de cemento destinadas para el mejoramiento de barrios periféricos de la ciudad. Fue sustituida por el concejal Hugo Loayza (MAS).

Asimismo, en junio de 2010, el alcalde de Sucre, el también ex rector universitario Jaime Barrón, uno de los líderes locales en el conflicto por la Capitalía, fue suspendido del cargo porque pesaba en su contra una acusación formal por delitos de racismo, sedición y otros, por el caso de la humillación a campesinos en la Capital el 24 de mayo de 2008. Barrón se vio obligado a renunciar a la Alcaldía y fue reemplazado por Verónica Berrios (MAS).

Actualmente, la ex autoridad enfrenta una condena a siete años y medio de cárcel y se encuentra bajo detención domiciliaria mientras su sentencia está en apelación ante el Tribunal Supremo.

La defensa del ex burgomaestre sostiene que las acusaciones de que Barrón participó y organizó la golpiza y humillación a campesinos en pleno centro de la Capital no pudieron ser probadas por la Fiscalía y atribuyó ese proceso a un interés político del oficialismo en función de Gobierno.

En 2010 René Joaquino, alcalde electo de Potosí por Alianza Social (AS), fue suspendido del cargo por el Concejo Municipal por un proceso penal por la supuesta compra ilegal de vehículos usados (transformers) para uso del Municipio. Fue reemplazado por Zenón Gutiérrez. Ese año Joaquino calificó su suspensión como un accionar político promovido por el Gobierno.

Posteriormente en febrero de 2013 Joaquino fue restituido en el cargo de Alcalde gracias a un fallo emitido por el Tribunal Constitucional, que declaró ilegales los artículos de la Ley de Autonomías que fueron utilizados para alejarlo del cargo.

El artículo 144 de la Ley Marco de Autonomías sobre la suspensión temporal dispone que "Gobernadoras, Gobernadores, Alcaldesas y Alcaldes, Máxima Autoridad Ejecutiva Regional, Asambleístas Departamentales y Regionales, Concejalas y Concejales de las entidades territoriales autónomas, podrán ser suspendidas y suspendidos de manera temporal en el ejercicio de su cargo cuando se dicte en su contra Acusación Formal".

Recientemente, el alcalde de Cochabamba, José María Leyes, fue suspendido y reemplazado por la concejal Karen Suárez.

Además se tiene otro número significativo de autoridades que fueron denunciadas por alguna irregularidad y enfrentan procesos penales como los gobernadores Rubén Costas (Santa Cruz), Felix Patzi (La Paz). Anteriormente alcaldes como Moisés Shiriqui (Trinidad), Rocío Pimentel (Oruro) y Oscar Montes (Tarija) también fueron procesados en la vía judicial. En la actualidad burgomaestres como Percy Fernández (Santa Cruz), Edgar Bazán (Oruro), Soledad Chapetón (El Alto) y Luis Revilla (La Paz) enfrentan también distintas denuncias relacionadas con supuestas irregularidades en su administración.

También se tienen casos en que autoridades municipales renunciaron al cargo y después fueron procesados, por mencionar algunos tenemos a Fanor Nava y Edgar Patana (MAS), ex alcaldes de El Alto.


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