PROCESADOS
18 de los 39 acusados por la Fiscalía, optaron por salir del país, no ser parte del juicio y dejar familia, trabajo y amigos atrás.
Este lunes 16 de abril se cumplen nueve años del operativo en el hotel Las Américas. Este hecho daría paso al llamado Caso Terrorismo, un proceso judicial que investiga la supuesta organización de un grupo subversivo con fines separatistas que hasta la fecha no ha podido ser comprobado.
En casi una década pasó de todo, menos el esclarecimiento de los hechos, aquellos que se declararon culpables aseguraron que lo hicieron sólo para poder salir libres, están fuera del país al igual que la mayoría de los acusados.
Los pocos que se quedaron viven un calvario judicial: los que consiguieron detención domiciliaria o medidas sustitutivas no han recuperado su vida normal, tienen deteriorada la salud y viven bajo la permanente amenaza de retornar a una celda, los que están presos sobreviven en una de las cárceles más peligrosas del país.
El fiscal que investigó el caso, Marcelo Soza, en un principio huyó hacia Brasil, donde ha conseguido refugio, y ha señalado que todo es un montaje.
El Gobierno ha ratificado durante los nueve años que lo que pasó fue un intento de dividir el país y por primera vez enfrenta la posibilidad de responder ante la justicia internacional por las muertes de abril de 2009. Todo, mientras avanza lentamente el juicio, que se ha convertido en un símbolo de los peores males de la justicia boliviana.
LOS HECHOS EN CASI UNA DÉCADA
La madrugada del 16 de abril de 2009, un equipo de policías irrumpió en el cuarto piso del hotel Las Américas, acabaron con la vida de Eduardo Rózsa y de otros dos extranjeros Árpad Magyarosy, Michael Dwyer, y detuvieron a Mario Tadic y Elöd Tóásó, únicos sobrevivientes del operativo.
El Gobierno acusó a estas personas y a otras más, que huyeron del país, de pertenecer a una célula terrorista y de pretender matar al presidente Evo Morales.
Después del operativo en Las Américas, se comenzó una cacería de brujas en Santa Cruz, con varios detenidos.
El fiscal Soza encabezó la comisión de investigadores. Durante el proceso fue acusado de extorsionar a empresarios, políticos y líderes cívicos para no ser incluidos en el proceso.
La presión terminó haciendo que Soza salga del país el 11 de marzo de 2014, asegurando que su vida estaba en peligro. Desde su nuevo destino, Brasil, donde goza de refugio político, envió una carta a Bolivia y tuvo contacto con varios medios de comunicación, explicando que el caso terrorismo fue un montaje del Gobierno.
LA CIDH ENTRA EN ESCENA
El caso ha recibido fuertes críticas por las inconsistencias jurídicas de casi una década, lo que ha provocado denuncias que pueden complicar al Gobierno de Evo Morales, como la que motivó una investigación del Parlamento Húngaro o como la que recientemente se confirmó con la admisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que admitió la denuncia contra el Estado boliviano presentada por Tadic y Tóásó.
La admisión de la Comisión puede derivar en la apertura de una causa contra el presidente Morales, como máxima autoridad del Estado boliviano, por crímenes de lesa humanidad. No obstante, el ministro Carlos Romero aseguró que equivale a "pretender juzgar al Presidente porque salvó la unidad de la patria, porque se enfrentó a peligrosos separatistas".
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