Política

Fiscalía pide juicio contra Mesa

El ex Presidente, en caso de instalarse un juicio en su contra, puede enfrentarse a una pena privativa de libertad de hasta ocho años

Como lo habían advertido desde distintas fuentes, la Fiscalía General del Estado solicitó juicio de responsabilidades contra el ex presidente Carlos Mesa por el caso Quiborax, al presentar un requerimiento acusatorio, ayer, ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). El caso, que ya genera un debate político candente, llevaría a la ex autoridad a una pena de cárcel máxima de ocho años y pondría en riesgo su eventual candidatura presidencial en 2019, aunque él mismo se encargó de descartarla reiteradamente.

El Ministerio Público respondió afirmativamente al pedido del Gobierno para llevar al banquillo de los acusados al actual vocero marítimo, denunciado por la Procuraduría por resoluciones contrarias a la Constitución y a las Leyes e incumplimiento de deberes, ambos con una pena de un mes a dos años de cárcel, además de conducta antieconómica (uno a seis años).

La administración del presidente Evo Morales responsabiliza a Mesa por el pago de $us 42,6 millones a Quiborax, la minera chilena que demandó al Estado boliviano por la reversión de su concesión para explotar ulexita en el Salar de Uyuni.

Luego de una jornada con alta expectativa mediática, a las 16:29 de ayer, la Fiscalía presentó en plataforma del TSJ el memorial solicitando el juicio contra Mesa; 15 minutos después, el fiscal General, Ramiro Guerrero, confirmó la acusación ante la prensa.

“Lo que hizo el Ministerio Público en estos 30 días, tal cual establece el procedimiento, fue la acumulación de antecedentes en el presente caso (…). Ahora hemos presentando este requerimiento acusatorio ante la Sala Penal que a su vez pondrá a consideración de Sala Plena para que sea elevada a la Asamblea Legislativa Plurinacional”, explicó Guerrero.

El procedimiento establece que Mesa –con rango de ex Presidente– puede gozar de un juicio de privilegio; los magistrados del TSJ deben reunirse y aprobar el envío del requerimiento acusatorio a la Asamblea, que seguramente dará curso al procesamiento porque el oficialista MAS tiene más de dos tercios de votos.

Guerrero recordó que el 19 de junio, Mesa y su abogado Carlos Alarcón se presentaron a citación del Ministerio Público; sin embargo una vez instalada la audiencia para la toma de declaraciones y tras la lectura de sus generales de Ley, la ex autoridad dijo: "Me remito a mis tres memoriales presentados”, eludiendo las preguntas. “Hubiera sido bueno conocer esa verdad material del ex Presidente para desarrollar la etapa de acumulación de antecedentes”, agregó.

Entre sus memoriales –presentó seis hasta ahora–, Mesa solicita que las investigaciones se amplíen a los ministros de Justicia, Héctor Arce; de Minería, César Navarro; al Procurador General del Estado, Pablo Menacho; y a la ex ministra de Defensa Legal del Estado, Elizabeth Arismendi, por la presunta comisión de los delitos de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes.

El caso fue remitido a la Fiscalía Departamental de La Paz, precisó ayer Guerrero, por tratarse de autoridades que no gozan de privilegio constitucional.

ESTO RECIÉN COMIENZA

Hasta ahora, el Ministerio Público acumuló los antecedentes del caso luego que la Procuraduría General del Estado presentara la denuncia contra Mesa por incumplir la Ley Nº 2564 y emitir el DS 27589, que dieron lugar a la demanda de Arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias de Inversiones (CIADI) y el consiguiente pago de 42,6 millones de dólares.

Guerrero explicó que de recibirse autorización congresal para el juicio –algo que muchos dan por descontado–, la Fiscalía comenzará el proceso de investigación propiamente dicho.

Detalló que en el plazo de 30 días hábiles se solicitó el envío de información, documentación, decretos supremos, algunas leyes y se tomó las declaraciones del ex Presidente y de dos ex ministros de Estado.

EL CASO QUIBORAX

El proceso se remonta a 2004, cuando fueron revocadas concesiones mineras a la empresa Non Metallic Minerals, socia de Quiborax, durante el Gobierno de Mesa. Esas firmas presentaron una controversia ante el CIADI, que en mayo cerró el caso a favor de las demandantes, al entender que la revocación no se ajustó a la ley.

En junio, el Estado firmó un acuerdo para compensar con 42,6 millones de dólares a las empresas chilenas.

El Gobierno de Morales apunta a Mesa como responsable del fallo adverso y, por eso, el 23 de mayo pidió que lo injuicien, algo que estará en manos del TSJ si la Asamblea lo autoriza.

Mesa, en cambio, apunta a la pésima defensa del Gobierno como responsable.

También se conoció que la ex subprocuradora, Carmiña Llorenti, filtró documentos del proceso a la defensa de Quiborax.

En el programa No Mentirás de PAT, Mesa dijo que la ex autoridad no asistió a la citación de la Fiscalía y agregó que si ese hubiera sido su caso, con seguridad la fuerza pública lo habría aprehendido.

Mesa advierte que defenderá el 21F y que no se siente acusado, sino acusador

"No me siento acusado, siento que soy acusador", afirmó ayer el ex presidente y actual vocero de la causa marítima, Carlos Mesa, frente al requerimiento. Anticipó que desde ahora será militante activo en la defensa del 21F.

Agregó que no renunciará como representante de la causa marítima, tampoco descarta acudir a instancias internacionales para denunciar la "criminalización de la política" y dice que no le hará el "juego" al Gobierno de Evo Morales electoralizando el proceso.

Mesa calificó de "vergonzosa" la decisión del Ministerio Público y dijo que se confirma que esa instancia es el brazo operativo del Órgano Ejecutivo; enfatizó que él ya fue condenado por la mayoría del MAS, que dará curso al proceso con su mayoría de dos tercios en el Legislativo. "Yo ya he sido condenado (...) No tengan miedo en decir que ya estoy condenado", señaló al estimar que todo ese proceso se llevará a cabo hasta finales del siguiente mes.

"No le voy a hacer el juego al presidente Morales ni a su Gobierno (...). Quieren electoralizar este proceso y quieren establecer una lógica de decir: 'a ver, quién enfrenta a Evo Morales en las elecciones de 2019'. Nadie enfrenta a Evo Morales porque no puede ser candidato. Lo que tenemos que hacer es defender democrática y militantemente el 21 de febrero y hacerlo con convicción", aseveró al ser consultado sobre si será candidato en 2019 y ratificó que esta causa, al igual que otras, es parte de la estrategia de "demolición" de su imagen.

Sobre su rol de "acusador" dijo: "Me siento y soy acusador y acuso al Gobierno del presidente Evo Morales y acuso a su ex Ministro de Defensa Legal del Estado, ex Procurador del Estado y actual ministro de Justicia (Héctor Arce) y acuso al actual Procurador de Estado (Pablo Menacho) de haber llevado adelante una de las más vergonzosas defensas que se haya conocido en función de los derechos que tenía que guardar el Estado frente a una empresa pirata como Quiborax".

Enfrentados

Carlos Mesa

Ex Presidente de Bolivia

"La confirmación de lo que está viviendo Bolivia: la criminalización de la democracia a través de este mecanismo que sustituye a dictadura, tanques y ametralladoras por la persecución judicial".

Ramiro Guerrero

FISCAL GENERAL DEL ESTADO

"La única persona que goza de privilegio constitucional es el ex presidente Mesa (...) Hubiera sido bueno conocer esa verdad material del ex Presidente para desarrollar la etapa de acumulación".


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