Senado aprueba resolución que pide a Migración bloquear la salida del país de exautoridades
La Cámara Alta exhorta a Migración a aplicar la Ley 1352 y garantizar la permanencia obligatoria para evitar riesgos de impunidad
El expresidente Arce junto a su gabinete ministerial. El senador Wilder Véliz (PDC) informó que el pleno de la Cámara de Senadores aprobó por unanimidad una Resolución Camaral que exhorta a la Dirección Nacional de Migración a impedir la salida del país de varias exautoridades, entre ellas el expresidente, el exvicepresidente y exministros de Estado, mientras continúan las investigaciones sobre presuntos hechos irregulares registrados en instituciones públicas.
“Hemos presentado un proyecto de Resolución Camaral, aprobado por unanimidad, (…) para que estas exautoridades no salgan del país antes de que se esclarezcan todos los presuntos hechos de corrupción que se están describiendo en los diferentes ministerios, viceministerios y direcciones”, explicó Véliz al detallar el alcance de la medida.
La decisión se enmarca en la Ley 1352 del 14 de octubre de 2020, que establece la Permanencia Obligatoria en Territorio Nacional para autoridades del nivel central y entidades territoriales autónomas. Su objetivo es asegurar que las autoridades salientes permanezcan en el país por un periodo de tres meses tras la conclusión de su mandato o su destitución, a fin de rendir informes, garantizar la transición y proteger los intereses del Estado.
Según el Artículo 1, la obligación alcanza a presidentes, vicepresidentes, ministros, asambleístas nacionales, gobernadores, alcaldes, asambleístas departamentales, concejales, además de las máximas autoridades ejecutivas de empresas e instituciones públicas, mixtas o privadas que administren recursos fiscales.
El Artículo 2 precisa que la finalidad de la norma es garantizar transparencia en la entrega de información y evitar actos de corrupción o posibles escenarios de impunidad durante el cambio de gestión. A su vez, el Artículo 4 advierte que quienes incumplan esta disposición asumirán responsabilidad penal.
Para su aplicación efectiva, la Contraloría General del Estado deberá remitir a la Dirección General de Migración el listado de autoridades obligadas a permanecer en el territorio nacional, tal como establece la disposición final única de la ley.
