
ATRIBUCIONES
Actualmente el Consejo de la Magistratura tiene atribuciones para procesar en la vía disciplinaria y administrativa a los funcionarios judiciales; si evidencia la comisión de delitos, remite al funcionario ante el Ministerio Público para una investigación penal.
La Procuraduría General del Estado en su "Propuesta para la cumbre nacional de justicia plural para vivir bien", plantea la necesidad de una ley especial anticorrupción para el Órgano Judicial, el Tribunal Constitucional y el Ministerio Público, además de crear la figura de agentes encubiertos y mecanismos de investigación para la detección de hechos ilícitos.
"El índice de corrupción en la administración de justicia es una realidad cada vez más alarmante por las consecuencias nocivas que genera, ello obliga a plantear la necesidad por pertinencia de una ley especial anticorrupción para el Órgano Judicial, el Tribunal Constitucional (…), abarcará también a los servidores del Ministerio Público y abogados", señala el documento de 66 páginas de la Procuraduría.
Añade que la norma incorporará facultades de seguimiento permanente a servidores judiciales, que posibiliten la detección e investigación de hechos ilícitos con la implementación de agentes encubiertos y mecanismos modernos de investigación.
"Es importante crear sistemas de control y vigilancia del desempeño de los operadores de justicia incorporando la figura de agentes encubiertos, implantación de cámaras de vigilancia y la posibilidad de otorgar reconocimiento legal a las grabaciones obtenidas por medios electrónicos, como indicios de prueba en los procesos", se señala en el documento.
Asimismo, propone que existan mecanismos para una investigación oportuna sobre la declaración jurada patrimonial integral y posteriormente la investigación patrimonial y financiera de eventuales desbalances de los bienes y enriquecimiento ilícito de los servidores judiciales.
Además de "procedimientos ágiles, expeditos y modernos, para identificar y sancionar los actos de corrupción al interior del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional plantean auditorías jurisdiccionales, entre otros.
Asimismo, propone la creación de la "inspectoría judicial" que tendrá como principal función la transparencia en la administración de justicia y aplicar mecanismos correctivos preventivos en la lucha contra la corrupción en todo el sistema judicial. Actualmente funciona el Consejo de la Magistratura que es la entidad que tiene facultades administrativas y disciplinarias.
PROPUESTA DEL LEGISLATIVO
Entre las propuestas que la Asamblea Legislativa trabaja rumbo a la Cumbre de Justicia, se prepara una nueva normativa que pretende establecer mecanismos de lucha contra la corrupción y retardación de justicia mediante un sistema de control informático, informó el presidente de la Cámara de Senadores, José Alberto Gonzales.
“Hay muchos problemas en la justicia, uno de ellos es la retardación de justicia, otro la corrupción y es lo que más castiga a la ciudadanía. Estamos viendo que con la aplicación de una nueva normativa, con la aplicación de correctivos que vienen de la aplicación de un sistema de control informático, se va a poder avanzar y resolver los problemas”, afirmó el senador.
Explicó que este sistema de control informático, ya se empezó a implementar y que con el tiempo se convertirá en una forma efectiva de lucha contra la corrupción y la retardación de justicia.
“Es un tema que ya está implementándose en este momento, en los ámbitos civil y de familia, que si se lo implementa de buena manera, con buenos recursos y con una buena voluntad de parte de los operadores de justicia, creemos que se va ayudar mucho”, indicó el legislador.
Respecto a la aplicación del nuevo procedimiento en los procesos civiles y de familias, se aplicará un elemento novedoso, que es la figura del conciliador, que pretende evitar que toda divergencia termine en un juicio o en una acción judicial.
Finalmente, indicó que el Ministerio de Justicia iniciará una campaña de información para que la población esté enterada de éste y otros aspectos.