Romero no quiere polemizar y dice que se ampara en la Ley
La Policía aprehendió ayer a otro dirigente minero sindicado por la muerte de Illanes
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, expresó que no hay condiciones ni caprichos en su petición de declarar sobre la base de un cuestionario y que, de acuerdo con el Código de Procedimiento Penal, los ministros, entre otras autoridades, pueden declarar en su domicilio por escrito. En el mismo caso, la Policía capturó al cooperativista minero Rubén Ramiro Quenta, implicado en el asesinato del viceministro Rodolfo Illanes, con lo que suman 11 los imputados dentro de las investigaciones por este hecho ocurrido el 25 de agosto en Panduro.
"Aquí no hay condiciones ni caprichos, precisamente nos amparamos en la legalidad, yo no tengo ningún interés de polemizar con el fiscal Guerrero, es lo que menos me interesa, a nosotros nos interesa el fondo de la cuestión que es establecer quiénes son los asesinos de Illanes y que éstos paguen su culpa", expresó en conferencia de prensa Romero. Recalcó que no tiene ningún problema de ir a declarar.
El fiscal General, Ramiro Guerrero, reiteró ayer, en Sucre, que la comisión de fiscales determinará a quiénes y en qué condición convocarán; sobre las personas buscadas, señaló que alguna gente se puso a buen recaudo y no puede ser encontrada, pero la investigación continúa.
ENVIADO A PRISIÓN
La Policía capturó al cooperativista minero Rubén Ramiro Quenta Trujillo y ayer fue enviado a la cárcel de Patacamaya, sindicado de ser partícipe directo del asesinato de Rodolfo Illanes, con lo que llegan a 11 las personas involucradas en el fallecimiento del Viceministro, el 25 de agosto, en Panduro, en medio del enfrentamiento entre cooperativistas y la Policía.
Quenta no sólo estaría implicado en el asesinato de Illanes, sino también en la paliza que dejó al borde de la muerte al edecán del viceministro, el teniente Iván Linares, a quien le habría golpeado con su casco.
Otros cinco mineros también fueron aprehendidos junto con Quenta en una operación policial en la localidad de Viloco, pero fueron puestos en libertad después de que el fiscal que les tomó declaraciones resolviera que no tuvieron participación directa en el asesinato.