La magistrada del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) Karen Gallardo y la fiscal Departamental de Beni, Nuria Gonzáles, enfrentan una imputación en su contra en Cochabamba, involucradas en el supuesto consorcio del ex juez Enrique Vargas, encarcelado por presuntos cobros a litigantes a cambio de fallos judiciales. Fueron denunciadas por Martha Canseco, víctima de una estafa de $us 120 mil de parte de su hermana y su madre.

Hace dos semanas, ambas autoridades fueron citadas a declarar en la Fiscalía de Cochabamba, imputadas por uso indebido de influencia y concusión por haber supuestamente recibido dinero cuando eran vocales del Tribunal Departamental en complicidad con el ex juez cautelar Enrique Vargas, quien a su vez tenía nexos con el abogado “extorsionador” Jhasmany Torrico.

Según documentación de la imputación a la que accedió este diario, Martha Canseco denunció que hace más de diez años se fue a Estados Unidos a trabajar, desde allí enviaba dinero a su hermana y a su madre en Bolivia pero ellas hicieron desaparecer más de $us 120 mil.

Ella inició procesos civiles y penales contra su hermana y su madre por apropiación indebida y abuso de confianza para intentar recuperar el dinero  que se ganó trabajando en limpieza y cuidado de ancianos en EEUU.

Un juez de primera instancia emitió sentencia condenatoria contra las dos mujeres, la misma fue apelada ante las vocales Gonzáles y Gallardo que anularon la sentencia condenatoria, decisión que fue confirmada en el Tribunal Supremo de Justicia por los magistrados Olvis Egüez y Edwin Aguayo. La denunciante acudió a una acción de amparo y un juez de garantías anuló el Auto Supremo y ordenó a los magistrados dictar nueva sentencia fundamentada.

Las dos ex vocales Gallardo y Gonzáles fueron denunciadas y el Ministerio Público de Cochabamba presentó imputación en su contra por presunta concusión y uso indebido de influencias, investigación que está en curso.

La víctima, Martha Canseco, aseguró que fue el ex juez Vargas quien involucró a las ex vocales en supuestos actos de corrupción a través de audios de presuntas llamadas telefónicas a celulares.

Gallardo y Gonzáles, la primera magistrada del TCP y la segunda Fiscal Departamental de Beni, en su declaración ante la Fiscalía, negaron haber recibido dádivas o alguna recompensa por su trabajo durante los últimos 15 y 20 años en el Órgano Judicial.

Sin embargo, admitieron haber conocido al ex juez Vargas en la función jurisdiccional pero no así a la denunciante. La actual fiscal de Beni, dijo en su declaración ante el fiscal que Vargas le llamaba para consultarle sobre un proceso disciplinario pero después que dejó de ser vocal, en septiembre de 2017.

Este diario intentó contactarse con Gallardo a través de relaciones públicas del TCP, pero no fue posible encontrarla.