Los vocales y jueces de los tribunales departamentales del país que abandonaron sus despachos y suspendieron audiencias para asistir a un seminario en Santa Cruz deberán reponer esas horas de trabajo por decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que pidió un informe a los nueve distritos judiciales para determinar si hubo ausencias.

La decisión surgió después que la parlamentaria opositora Lourdes Millares y algunos abogados en la ciudad de La Paz denunciaron que 13 de los 24 vocales ordinarios se ausentaron a Santa Cruz para asistir a un seminario internacional sobre "Violencia de Género y Feminicidio", provocando la suspensión de audiencias en perjuicio de los litigantes. 

No es que no pueden viajar, están en todo su derecho, pero tienen que garantizar la prosecución de las audiencias y el quórum de las salas especializadas, sostuvo el presidente del TSJ, José Antonio Revilla.

La autoridad dijo que inmediatamente conocida la denuncia en los medios de comunicación solicitó un informe de quiénes viajaron y si el curso corresponde a la materia en la que administran justicia, toda vez que hay un instructivo para que los viajes de los jueces y vocales se sujeten a la Ley 247, es decir en los temas específicos en los cuales estén autorizados a realizar viajes.

“Lo que queremos es enmendar este desmedido número de autoridades judiciales o de jueces que vayan a eventos de capacitación y (peor) si no son inherentes a la materia en las cuales desempeñan el cargo y no cualquier evento de capacitación”, remarcó. “Dispondremos en coordinación con el Consejo de la Magistratura de que repongan esas horas si hubo perjuicio en el desenvolvimiento de las audiencias”, recalcó.

Con el resultado de los informes de cada distrito, con un instructivo y bajo responsabilidad disciplinaria se dispondrá enmendar las ausencias en los juzgados por la asistencia de jueces a cursos de capacitación obstaculizando la continuidad de la labor jurisdiccional.

Millares cuestionó también que el magistrado Olvis Egüez haya dejado su actividad jurisdiccional de resolver causas para a organizar una marcha contra la violencia hacia la mujer en Santa Cruz, cuando debería promover mecanismos de celeridad en la resolución de las causas, según su criterio.