Extribuno sobre la reforma judicial: “Cerramos la gestión con nada”

El exmagistrado del Tribunal Constitucional y miembro de los juristas independientes, José Antonio Rivera, evalúa como negativo 2022 porque no hubo avance en la reforma judicial y tampoco en la independencia, la excesiva retardación, las denuncias de corrupción y la constante violación de los derechos humanos por parte de los mismos operadores de justicia.

“Tenemos una justicia sumida en una profunda crisis estructural que se refleja en la permanente violación del derecho de acceso a la justicia como lo hizo notar el relator especial de las Naciones Unidas para la independencia judicial”, recuerda el abogado.

Señala que la crisis judicial se caracteriza por la total falta de independencia de muchos jueces, vocales y magistrados; remarca que no generaliza, pero una mayoría de ellos carece de imparcialidad y ello se refleja en la constante violación de derechos humanos.

De cada 100 acciones de amparo constitucional, 68 van contra decisiones judiciales, según sus datos, lo que demuestra que en el ámbito judicial es donde más se violan los derechos humanos cuando sus autoridades están llamadas a protegerlos.

FALTA VOLUNTAD

Rivera remarca que no hay voluntad política de parte del Gobierno ni de los propios actores judiciales para cambiar esta situación.

Considera que los jueces podrían haber ejercido su independencia enfrentando la retardación, o adoptando medidas desde una reestructuración interna, pero no lo hicieron.

Ni siquiera el magro presupuesto del 0,33% que asigna el Tesoro General del Estado se ejecuta en su totalidad. El Órgano Judicial apenas gasta el 70% y devuelve dinero que pudo haber utilizado designando jueces, según sus datos.

El abogado observa que en el proceso de designación de jueces y vocales no se respetó la meritocracia y la evaluación del desempeño de quienes pasaron por el Instituto de la Judicatura y jamás se hizo una comprobación de la idoneidad de los postulantes. “Se designa no por la meritocracia, la capacidad y experiencia, sino por afinidad política”, manifiesta.

Por si fuera poco, ve que  en el Órgano Judicial se implementaron “mecanismos de represión” contra los jueces que intentan actuar con independencia, sancionándolos con traslados a lugares alejados para obligarlos a renunciar y sustituirlos con personas afines al Gobierno de turno.

RETARDACIÓN EN EL TCP

El exmagistrado advierte una retardación cada vez más preocupante y ampliada al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), encargado de defender la Constitución y proteger los derechos fundamentales.

Tan solo para la admisión de las acciones de inconstitucionalidad, los magistrados se toman plazos superiores a los 90 días, “lo cual es inadmisible”, ejemplifica. “Cerramos el año con nada”, concluye Ribera. 

El TCP notifica sentencias después de medio año de haber sido dictadas.