A propósito de los recientes desastres naturales, especialmente del sismo en México, de 7.2 grados de intensidad en la escala de Richter, el mundo está pendiente de las causas de estos movimientos telúricos, pero… ¿cuáles son los efectos de estos eventos en la economía a corto, mediano y largo plazo?

Usualmente, después de registrarse un terremoto los primeros datos que se conocen son aquellos referidos a la cantidad de vidas perdidas y al número de edificaciones afectadas, tanto parcial como totalmente.

He aquí tres ejemplos: El 16 de abril de 2016, en Ecuador, un seísmo de 7.8 grados dejó un saldo de 663 muertos, 12 desaparecidos, más de 80.000 personas afectadas y 2.253 millones de dólares en pérdidas.

Siete años antes, el 27 de febrero de 2010, uno de 8.8 grados sacudió poblaciones de Chile y acabó con la vida de 12 personas; hubo cinco desaparecidos. En este caso, las pérdidas económicas fueron calculadas en 24.000 millones de dólares.

El 11 de marzo de 2011, el seísmo y tsunami de 9 grados en la escala de Richter ocurrido en Japón tuvo 15.854 muertos y una pérdida económica de 309 mil millones de dólares.

Efectos posteriores

Todas esas cifras no contemplan las consecuencias en la economía hacia futuro.

“Es importante anotar que los terremotos tienen un efecto directo sobre la infraestructura y sobre el aparato productivo, es por eso que se debe tomar en cuenta no solo las pérdidas directas sino los efectos que se traducirán en la economía más adelante”, enfatiza el representante del Consorcio de Agencias Humanitarias en Bolivia, José Luis Barrera, en declaraciones a CAPITALES.

Volviendo a los eventos antes mencionados, en Ecuador quedaron afectadas 875 unidades educativas, al igual que 51 centros de salud. Esto se tradujo en una contracción de un poco más del 0.7% del PIB y una pérdida de 21.823 empleos formales e informales en ese país.

En cuanto a Chile, el sismo de 2010 afectó a un 12% del PIB, siendo dañados seriamente bienes y servicios, lo cual significa más de 3.000 millones de dólares.

Finalmente, en Japón resultaron afectadas las exportaciones de alimentos, además de la energía nuclear debido a los daños en la planta de Fukushima cuyo accidente obligó a la empresa eléctrica TEPCO a indemnizar a las familias aquejadas por la radioactividad por un monto total de 20.000 millones de dólares. También, 650 empresas se declararon en bancarrota.

La importancia de la zona

Según Barrera, particular importancia tiene la zona donde se produce el terremoto. Por ejemplo, el que sucedió en México en 1985 afectó al PIB de ese país entre un 2.1 y 2.4 por ciento (datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL).

Se prevé que el terremoto de la semana pasada afecte mucho más, ya que la Ciudad de México, el Estado de México y Puebla generan el 25% del PIB anual de su país; se trata de centros de gran influencia en la actividad económica nacional.

Por otro lado, Morelos, también remecido por el fuerte movimiento telúrico, aporta el 1.1% del PIB mexicano (datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI).

Desarrollo económico

“Pero no todo es malo”, morigera Barrera, “muchas veces este tipo de eventos generan un desarrollo económico posterior, debido a las medidas económicas de los gobiernos y al proceso de reconstrucción que sigue después”.

Él dice que el dinero que se inyecta en los rubros de construcción y alimentos generan un movimiento económico local y producen un efecto de desarrollo.

Ese es el caso de la Fábrica Nacional de Cemento (FANCESA), en Sucre, que fue construida después del sismo de 1948 gracias a una decisión del Gobierno de esa época, o también el de Aiquile donde en 1998 hubo un terremoto y posteriormente esa ciudad se constituyó en la más grande del cono sur de Cochabamba.

A tomar previsiones económicas

Los gobiernos deben contar con recursos para poder inyectar en los rubros económicos de las zonas afectadas en caso de registrarse un desastre de la magnitud de un terremoto, previene el representante del Consorcio de Agencias Humanitarias en Bolivia, José Luis Barrera.

Eso significa tomar las previsiones correspondientes, es decir, planificar con anticipación unas reservas, de tal manera que, después de la tragedia, el Estado pueda generar un movimiento económico que aminore los efectos negativos en la economía a corto, mediano y largo plazo.

Explica que, en el caso de México, ese país cuenta con “bonos catastróficos”, que fueron emitidos en agosto del año pasado por el Banco Mundial. Su monto total es de 360 millones de dólares, de los cuales 150 millones pueden ser destinados a reparar daños por sismos y el resto a atender los desastres provocados por huracanes en las cosas del Atlántico y el Pacífico.

De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), las actividades de recuperación en ese país no generarán presión a las finanzas públicas, ya que cuenta con más de 500 millones de dólares del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN).

Adicionalmente, el Gobierno de la Ciudad de México tiene a su disposición más de 530 millones de dólares del Fondo de Atención a los Desastres Naturales (FONADEN CDMX).

“Otra medida muy efectiva para reducir los costos de reconstrucción es transferir parte de la responsabilidad a las empresas de seguros”, aconseja Barrera. “Esto se logra realizando campañas para socializar las ventajas de asegurar los bienes, logrando que una buena parte de las viviendas, empresas e inversiones privadas cuenten con seguros ante sismos”, dice después.

En su criterio especializado, políticas públicas que impulsen a las empresas de seguros a generar productos adecuados y accesibles para la población ayuda en gran medida a reducir los costos de reconstrucción ante un terremoto.

A tomar previsiones económicas

Los gobiernos deben contar con recursos para poder inyectar en los rubros económicos de las zonas afectadas en caso de registrarse un desastre de la magnitud de un terremoto, previene el representante del Consorcio de Agencias Humanitarias en Bolivia, José Luis Barrera.

Eso significa tomar las previsiones correspondientes, es decir, planificar con anticipación unas reservas, de tal manera que, después de la tragedia, el Estado pueda generar un movimiento económico que aminore los efectos negativos en la economía a corto, mediano y largo plazo.

Explica que, en el caso de México, ese país cuenta con “bonos catastróficos”, que fueron emitidos en agosto del año pasado por el Banco Mundial. Su monto total es de 360 millones de dólares, de los cuales 150 millones pueden ser destinados a reparar daños por sismos y el resto a atender los desastres provocados por huracanes en las cosas del Atlántico y el Pacífico.

De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), las actividades de recuperación en ese país no generarán presión a las finanzas públicas, ya que cuenta con más de 500 millones de dólares del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN).

Adicionalmente, el Gobierno de la Ciudad de México tiene a su disposición más de 530 millones de dólares del Fondo de Atención a los Desastres Naturales (FONADEN CDMX).

“Otra medida muy efectiva para reducir los costos de reconstrucción es transferir parte de la responsabilidad a las empresas de seguros”, aconseja Barrera. “Esto se logra realizando campañas para socializar las ventajas de asegurar los bienes, logrando que una buena parte de las viviendas, empresas e inversiones privadas cuenten con seguros ante sismos”, dice después.

En su criterio especializado, políticas públicas que impulsen a las empresas de seguros a generar productos adecuados y accesibles para la población ayuda en gran medida a reducir los costos de reconstrucción ante un terremoto.