Si se consulta a un estudiante de Derecho por las causas que le impulsaron a iniciar su estudio, las respuestas son tan disímiles cuanto variadas. Unos indican que lo hacen pues su padre fue abogado, otros señalan que tienen el tiempo suficiente como para estudiar una carrera alternativa, algunos dicen que les permite mejorar su hoja de vida y, por fin, la anhelada respuesta: “Estudio porque quiero servir a mi sociedad con el ejercicio de la noble profesión del abogado que busca justicia”.

Casi la totalidad de las universidades públicas y privadas tienen la carrera de Derecho, al punto de que es fácil señalar que así como van las cosas, la sociedad se dividirá entre abogados y no abogados.

Las formas de ingreso a esta carrera son las sencillas: los exámenes a los bachilleres que los que se prepararon resuelven en menos de veinte minutos. El resto —la mayoría— está a la espera de una medida de hecho de los eternamente denominados “defensores de los estudiantes”, que para sus fines electoreros permiten una cuantificación estudiantil y no una cualificación dialéctica que permita egresados con una preparación adecuada.

Estudiantes y docentes
Los programas de estudios o planes curriculares están anclados en el siglo XIX, con el fundamento del formalismo positivista, como si no se hubiesen registrado avances significativos en el debate sobre la teoría del Derecho.

El estudio memorístico de los códigos y la muy escasa práctica para el ejercicio de la profesión dan como resultado egresados con conocimientos inconexos, memorizados para el examen y una nula experiencia en los estrados judiciales. Estos espacios jurisdiccionales deberían ser los escenarios naturales de la formación del futuro jurista.

Los dirigentes estudiantiles lanzan incendiarios discursos para, supuestamente, cambiar el escenario académico, pero, pasadas las justas electorales, se olvidan del desafío y se concretan a la distribución de becas, a las irrenunciables fiestas que son propiciadas con cualquier pretexto para justificar la diversión popular. No están ausentes las tomas de los edificios para mantener latente el axioma de la revolución permanente.

Sería bueno conocer cuántos recursos económicos son manejados en cada gestión académica para saber qué uso se les da. Se ha hecho una práctica corriente que estudiantes se eternicen como dirigentes, como una forma de vida, cuando deberían estar aportando profesionalmente en los campos de la aplicación del Derecho o, en su caso, en los espacios de la política partidaria, como lo hace todo ciudadano que desea servir a la sociedad desde ese lugar.

Por su parte, la gran mayoría del plantel docente se muestra en una posición cómoda y pasiva (‘mejor no tener dificultades con los estudiantes’), congraciándose mediante notas que no miden la verdadera capacidad de formación de los discentes.

La ausencia a las clases son permanentes, pues destinan a la labor docente el mínimo de tiempo y se dedican a otro tipo de actividades que les brindan mayor ingreso económico.

Las sectoriales terminan con grandes enunciados que, como todo buen discurso, queda inmediatamente en el olvido.
Sin embargo, no se puede dejar de lado a los docentes que verdaderamente asumen su rol profesional con absoluta responsabilidad, con total entrega a la formación de las generaciones de futuros abogados. Aquellos que sin ninguna mezquindad transmiten toda su sapiencia, su experiencia y, sobre todo, su afán de formar en valores. Lamentablemente son los menos, al igual que los estudiantes responsables.

Autoridades
Las autoridades, sin mediar estudios intensos, en tiempos electorales, han disminuido el tiempo de estudio con el pretexto de atender también de manera inmediata el postgrado. No toman en cuenta que son dos procesos totalmente diferentes: el primero, de la formación general; el segundo, de la formación especializada. Total que lo que interesa es el voto estudiantil para continuar en el desempeño indefinido de los cargos reservados a quienes han formado grupos de asistencia social entre ellos.

El colmo de todo lo analizado es que de manera penosa se puede constatar que la asistencia libre ha sido totalmente descontextualizada y desnaturalizada. Esa era una conquista para irradiar el conocimiento y la doctrina jurídica en casos en los que no existiera un debate académico enriquecedor.
Ahora, algunos estudiantes se presentan a dar solamente los exámenes y durante cinco años, con solo 75 horas en el aula, pueden lograr el título de abogado. Más fácil que lograr el título de bachiller.

* Es docente titular de Filosofía del Derecho en la UMRPSFXCH. Este artículo forma parte de una serie de análisis que el autor ha escrito sobre la problemática judicial en Bolivia.