Causa preocupación la situación en la que se encuentra la producción avícola en el país y es lamentable que una de las actividades más estables y prósperas que tenía la economía nacional hoy esté atravesando por una crisis con consecuencias aún no visibles a causa de varios frentes con los que batalla.
Por un lado está la sobreproducción que inunda los mercados obligando a los granjeros a disminuir sus precios debido a la excesiva oferta, que en muchos casos proviene de la avicultura informal. Por otro, el constante ascenso de costos en los insumos necesarios para la alimentación de las aves, principalmente del sorgo, la soya y el maíz que, a diferencia de lo que ocurre en otros países, afrontan constante inestabilidad en sus precios porque la producción anual de granos en Bolivia sigue dependiendo de factores climáticos que inciden en las cosechas.
En tercer lugar está el estancamiento en el consumo per cápita en carne de pollo, que –aunque se mantiene en 38 kilos anuales desde hace ocho años– no refleja el ritmo acelerado del crecimiento poblacional, por lo que se deduce que se está disminuyendo la ingesta de carne blanca.
A estos tres factores se suma el reciente incremento salarial establecido por el Gobierno, que ha infligido un nuevo golpe al rubro y ha provocado en los avicultores reacciones diversas ante la necesidad de buscar alternativas para mantenerse vigentes y competitivos en el mercado. Una de ellas es la opción de automatización de sus granjas; lo que resultaría interesante en cuanto a elevar la calidad e inversión en tecnología pero causaría una pérdida de empleos. Esa tendencia tiende a imponerse en muchas empresas no sólo avícolas sino de diversos rubros.
La avicultura en el país generó 70.000 empleos directos y 100 mil indirectos durante el año 2016, además de mover 600 millones de dólares sólo en cuanto a la producción de huevo se refiere. Y aunque parezcan cifras elevadas, los productores afirman que sus pérdidas suman cuantiosos montos de dinero, tanto por la fuerte carga tributaria como debido a otros factores, entre multas que los organismos de gobierno central y municipal imponen al sector, ante cualquier mínimo descuido, demostrando un papel “sobre-recaudacionista” pero sólo con la industria formal. Mientras la informal se fortalece sin pago alguno.
A todo lo anterior se suman las dificultades causadas por la enfermedad aviaria denominada “New Castle” que impide a Bolivia obtener un estatus de exportador de carne de ave a mercados interesantes, lo que podría paliar las pérdidas ocasionadas por la sequía y la caída del precio del pollo en el mercado interno.
En medio de este panorama adverso, la única noticia alentadora está relacionada con este último aspecto pues es plausible el reciente acuerdo al que llegaron los productores del sector con el Gobierno para disminuir el tiempo en la erradicación nacional de esta enfermedad y eliminarla en tres años en vez de en cinco, que era el tiempo previsto por el SENASAG. Si se cumplen las metas, el país podría dedicar el excedente de producción a los mercados del exterior.
La avicultura en el país generó 70.000 empleos directos y 100 mil indirectos durante el año 2016, además de mover 600 millones de dólares sólo en cuanto a la producción de huevo se refiere
