Son frecuentes los estudios, análisis y alertas que se publican por especialistas, sobre el nuevo régimen de pensiones, y los riesgos que representa para los beneficiarios, personas mayores que cuentan con una pequeña renta, fruto de aportes durante su vida activa y no equivalentes al valor y el tiempo en que fueron efectivos.
El gobierno plurinacional ha vuelto al sistema de reparto del pasado, basado en el aporte de trabajadores, empresarios y Estado; y quebrado por malos manejos de ahorros privados de trabajadores. La seguridad social es un derecho laboral de los trabajadores de cumplimiento obligatorio, irrenunciable e inviolable, cuyo garante con su intervención, es el Estado.
La anterior ley neoliberal de pensiones se basaba en el ahorro individual de los aportantes y el Régimen Contributivo, donde los trabajadores son la única fuente principal de financiamiento, por tanto el Estado no aportaba para la jubilación. Su aporte se restringía al régimen no contributivo (pago del Bonosol a los mayores de 60 años). Los empleadores tampoco aportaban para el ahorro de jubilación de los trabajadores. Su aporte era para el Fondo Solidario (3%), post jubilación.
El sistema actual reemplaza a las AFP por una Entidad Pública Gestora de Seguridad Social de Largo Plazo, con funciones y atribuciones similares a las AFP, que administran también fondos del Régimen No contributivo (Renta Dignidad y gastos funerarios). Éste será controlado por un ente llamado Organismo de Fiscalización Previsional donde los asegurados no participan, es decir, los trabajadores afiliados no tienen control alguno sobre el manejo de sus aportes al sistema (¿?)
El financiamiento del nuevo sistema se basa en el aporte de los trabajadores, el Estado no aporta sino al régimen no contributivo (pago de la Renta Dignidad a los mayores de 60 años). Los empleadores tampoco aportan para el ahorro de jubilación de los trabajadores. Su aporte es para el Fondo Solidario (3%), post jubilación. En resumen ídem. Sistema neoliberal.
El Manejo de fondos se traspasa de las AFP a la Gestora que actualmente administra el sistema refortalecido por el Régimen de Capitalización Individual. A fines de 2016, el monto de aportes ascendía a 14.172 millones de dólares. Empero, una importante proporción se encontraba ya en manos del Estado en forma de bonos y valores que pagaban una rentabilidad baja y en función de lo que rige en el mercado. Las inversiones se hicieron en actividades improductivas y sobre todo en gasto corriente. Siendo el Estado el principal deudor actual, la pregunta es ¿cómo puede ser juez y parte del nuevo sistema, y como evitar que sea un fondo de auxilio del Estado...?
Surgen nuevos indicios: manejos arbitrarios de fondos privados de los trabajadores se hacen visibles en el caso de la Resolución Administrativa APS/No 309-2014 del 17 de abril de 2014, que dispuso que las AFP procedan con el castigo de los excesos de inversión involuntarios correspondientes a las emisiones de Bonos Ametex II (18,5 millones de dólares), su contabilización en una cuenta de castigo y su retiro de la cartera de inversiones, etc. Entonces: ¿Qué garantiza el Estado?
Hay más: en el período 1997-2010, con la entonces Ley de Reforma de Pensiones se jubilaron 29.745 personas (un promedio de 2.808 personas por año). Ya con la vigente Ley 065, hasta el año 2016, se han jubilado 102.546 personas; esto es, 72.801 entre 2011 y 2016 (un promedio de 14.560 personas por año). Esto significa que en los últimos cinco años el número total de jubilados se ha más que triplicado y el ritmo anual de jubilación es cinco veces más que en el período anterior. En perspectiva, el pago de la pensión solidaria no es sostenible: a mayor número de jubilados, menor sostenibilidad.
Finalmente, mientras los empleos continúen siendo precarios y los salarios bajos, las rentas de jubilación tenderán siempre a ser bajas, así tengan aportes de un Fondo Solidario. En resumen, el sistema de pensiones no responde a un estudio actuarial, que garantice su sostenibilidad.
Fuentes: Fundación Milenio, CEDLA, otros estudios.
