Los plazos se cumplen, inexorablemente.
El 3 de diciembre y las elecciones para las autoridades judiciales está a la vuelta de la esquina; la reiteración en el error de elegir bajo una modalidad novedosa y fallida, no podrá producir un resultado diferente. Los tribunos, hoy investidos de la soberanía popular, que se dieron el lujo de asombrar al mundo modificando algunos procedimientos, la hoja de coca por ejemplo, no pudieron modificar una práctica de corrupción, lenidad y venalidad con el que se irán. Raro caso de unanimidad en el que los habitantes del cielo y de la tierra nos quejamos por lo mismo.
El fallo para la Acción de Inconstitucionalidad Abstracta presentada por diputados del oficialismo ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, artilugio jurídico para encubrir la voluntad de elección indefinida por encima de la Constitución, tendrá su publicación en el mes de diciembre por la conclusión de mandato del Tribunal. Además de ser un rarísimo caso de estudio mundial, al pretender constituirse en el acto de defensa de un supuesto derecho de los gobernantes en ejercicio de funciones por encima del derecho de los ciudadanos expresados en dos referendos, definirá los próximos dos años de una campaña electoral que se inició el 21 de febrero del 2016, tres años antes de su verificación.
Y finalmente, salvo que no aparezca otra novedad en la incansable mente afiebrada y creativa de nuestros gobernantes, este mes el gobierno deberá presentar su propuesta final de Pacto Fiscal, con la asignación efectiva de recursos a los gobiernos regionales y las posibles fuentes de financiamiento de dichos recursos. Hemos sido testigo de la paciencia con la que ha sido llevada una Ruta Crítica del Pacto, con agenda y reuniones técnicas para llegar a donde concluirán los discursos, y que esperaron autoridades territoriales más allá de los mandatos partidarios, competencias y recursos para administrar el futuro de sus pueblos.
Los 3 eventos marcarán la acción política del próximo 2018.
Más allá del relato de los acontecimientos, estamos frente a una inflexión humana de la divinidad del poder. Para ejecutar los designios de su voluntad, debe realizarse actos y procedimientos mundanos que le resultan engorrosos frente a su reiterada voluntad de hacer las cosas, y que los amanuenses se encarguen de corregirlas. Cada una de estas prácticas que en una Democracia normal serían acciones emergentes de pactos y acuerdos, en Bolivia adquiere la calidad de imposición y asumen por ello, un costo extra. En tiempo, recursos y desgaste.
Frente a esta práctica que al llegar al fin de su mandato en enero del 2020 habrá marcado 14 años y con ello una generación que se ha formado en el “hago y luego se arregla”, queda en evidencia también, que la sociedad está necesitando una forma distinta de hacer política. Menos divina y más responsable.
