Mediante la Resolución Ministerial No. 033 de la cartera de Medio Ambiente y Agua, el Gobierno nacional ha decidido “PROHIBIR (sic) el derroche de agua potable para consumo humano los días de carnavales de la presente gestión en todo el territorio nacional de Bolivia…”.

Se trata de una medida necesaria, pero tardía y, al mismo tiempo, insuficiente.

Es necesaria porque los hechos han demostrado —incluso con niveles dramáticos en La Paz, Sucre y Potosí— que todas las advertencias que se hacían sobre el cambio climático no eran exageradas, como calificaron algunas voces inconscientes, y ya no tenemos la misma disponibilidad del recurso agua que tuvimos en el pasado.

Habrá que recordar que los cambios de temperatura ya fueron advertidos a mediados del siglo XX, cuando informes científicos alertaron sobre elevaciones en el nivel del mar y el retroceso de los glaciares. El desaparecido periódico The Hammond Times de Indiana, Estados Unidos, publicó en noviembre de 1957 una investigación de Roger Revelle, que advertía lo que estaba pasando en el planeta a consecuencia de las acciones de los seres humanos y mencionaba, quizás por primera vez de manera pública, el efecto invernadero, el calentamiento global y el cambio climático. Empero, las advertencias no fueron tomadas en cuenta hasta la segunda mitad de la década del 70, cuando Wallace Smith Broecker advirtió que el planeta estaba al borde de un calentamiento global y el climatólogo ruso Mijaíl Budyko anunció, en 1976, que este ya había comenzado.

Hacia fines de los ’80, el debate sobre el calentamiento global, cambio climático y efecto invernadero se hizo patente en los Estados Unidos, pero apenas tuvo eco en América Latina, región que por entonces estaba sometida a una cadena de dictaduras militares. Tras la recuperación de la democracia, otros temas fueron atendidos prioritariamente, entre ellos el reordenamiento de las economías que habían sido estragadas por los dictadores. En medio de temas como salario mínimo vital, mortalidad materna-infantil y erradicación del analfabetismo, pocos países latinoamericanos se preocupaban por el cambio climático.

Pero en mayo de 1992, se suscribió la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que entró en vigencia en marzo de 1994, y en 1997 se incluyó a esta el Protocolo de Kyoto, en el que los países firmantes se comprometían a asumir acciones para reducir la emisión de gases de efecto invernadero que causan el calentamiento global. Por la posición ambigua de Estados Unidos, el protocolo entró recién en vigencia en febrero de 2005. Si no hicieron nada desde 1997, los gobiernos de las naciones suscribientes, entre las que está Bolivia, deberían de haber comenzado su labor preventiva desde 2005. A todos nos consta que no lo hicieron.

En el caso de Bolivia, las autoridades de las empresas proveedoras de agua recibieron información incluso de las variaciones en los ciclos hídricos que determinaban que las lluvias disminuirían, o cambiarían de sitio, en regiones tan difíciles como Potosí—y más recientemente una mayoría de las Capitales del occidente boliviano— que o no tienen garantizada la provisión del líquido elemento o han comenzado a experimentar escasez y racionamientos.

Con toda esa información, los proyectos de aprovisionamiento de agua como la construcción de embalses o aducciones de ríos, debieron proponerse y comenzar a ejecutarse hace por lo menos diez años. Como no se hizo esto, sobrevino la escasez y debió asumirse medidas de emergencia que, por lo mismo, no son las mejores.

Y ahora se pretende cuidar el agua prohibiendo su uso en los carnavales. Esta prohibición del juego con agua, que cada año burlan y pasan por alto los carnavaleros, tendría que hacerse cumplir con el riguroso ejercicio de la autoridad. Quizás así la gente empiece a tomar conciencia.

Esta prohibición del juego con agua, que cada año burlan y pasan por alto los carnavaleros, tendría que hacerse cumplir con el riguroso ejercicio de la autoridad. Quizás así la gente empiece a tomar conciencia