La creatividad política boliviana se encuentra en una competencia de inteligencia para demostrar la legalidad o no de la reelección indefinida del Presidente Morales. Cuanto más depurados son los argumentos que demuestran las violaciones que acarrea el intento oficialista, más cínicos son los que tratan de fundamentar el sí; un raro olvido de dos referéndums, el de hace nueve años y el del 21 de febrero del 2016 tratan de esconder, sin éxito, que el pueblo ya dijo NO.
En el espacio regional cruceño, se ha abierto otro respetable debate sobre los alcances de la autonomía, y si ésta corresponde a la que se encuentra expresada en el Estatuto observado por el control de constitucionalidad. Está claro que los alcances teóricos de la gestión pública, diferirán de las posibilidades que plantean las limitaciones políticas, económicas y mentales, y que abren precisamente, el espacio para la creatividad y la innovación. Otra vez, y esta vez en el espacio de los voceros de la Gobernación, se trata de explicar las condiciones objetivas existentes que obligaron la aprobación, mientras escuchamos las observaciones de quienes consideran que habría sido mejor seguir sin estatuto a tener otro que no expresa la voluntad soberana. Amén de algunos olvidos inexplicables con los nombres de Germán Antelo, Juan Carlos Urenda y Branko Marinkonvic que enrarecen el ambiente, innecesariamente.
En este tema y con la experiencia alcanzada por la práctica, sé que más vale una ley en mano que un proyecto perfecto. De no haber sido así, seguiríamos discutiendo la ley maldita de la Participación Popular y escuchando los discursos contrarios que se expresaron en el campo cívico, sindical y gremial. Lo imperfecto abre la posibilidad al cambio, contenido implícito de las críticas cuando son fundamentadas.
Simultáneamente a estos dos escenarios, hay otro que se encuentra en lista de espera sin las consideraciones necesarias y con la necesidad del empoderamiento colectivo, el de la ciudad. Repitiendo los argumentos y las proyecciones, el año 2032, el 90% de la población boliviana vivirá en ciudades, producto de una tendencia natural, agudizada por la presión migratoria de servicios públicos no resueltos, la gran extensión de nuestro país, el cambio climático y la ausencia de una política pública que se conduela de esta realidad. La economía lleva a la gente a las ciudades, a vivir en la informalidad y a debatir todo el tiempo los problemas de la falta de oportunidades laborales, los mercados, el transporte y la seguridad ciudadana.
Las ciudades nos están cobrando factura al haberse perdido el instrumento de la planificación urbana, al actuarse bajo la presión de la coyuntura y desconocerse la necesidad de tener una casa grande en la que podamos vivir sonrientes, trabajando y gozando de nuestro ocio productivo. Luego que se imponga la racionalidad, el presidente Morales no sea candidato eterno y se ajusten los estatutos, seguiremos viviendo en ciudades inconclusas, sometidas a la especulación inmobiliaria y a la presión de intereses gremiales que convierten nuestras calles, literalmente, en un mercado. Y no sólo en los centros de acopio y alimentación.
Ciudades metropolitanas y ciudades intermedias, son el escenario de la Democracia, y en ella viven los jóvenes y están las redes que mueven el pensamiento. Esta pelea, no la podemos perder.
