Desde su primer artículo, la Constitución Política del Estado (CPE) señala que Bolivia es una nación “con autonomías”; es decir, con un modelo de administración que debería estar desconcentrado y delegado a las instancias de gobierno regional que la Carta Magna define como “entidades territoriales autónomas”.
El haber conseguido la inclusión de las autonomías en la CPE es el resultado de una larga lucha que; empero, no comenzó recién ni arrancó en las movilizaciones protagonizadas por los habitantes de Santa Cruz. No obstante, una cosa es lo que dice la letra muerta de la ley —en este caso la ley de leyes— y otra, muy distinta, la realidad que se vive día a día.
El conflicto por el campo gasífero de Incahuasi, que enfrenta a los departamentos de Chuquisaca y Santa Cruz, es, por una parte, el resultado de la falta de previsión de los fundadores de la República, allá por 1825. Cuando nació Bolivia, lo único que se dijo respecto a los límites fue que se aplicaría el principio del “Uti possidetis iuris” que, contrariamente a lo que se cree, no significa “lo que habéis poseído seguiréis poseyendo” sino, literalmente, “para utilizar el derecho de propiedad” o, en una traducción que se aproxima más al contexto de las delimitaciones, “como poseéis de acuerdo al Derecho, así poseeréis”.
La ambigüedad no se limita a la falta de claridad en el momento de interpretar la norma general. Los fundadores y los primeros presidentes poco o nada hicieron para dejar bien definidos los límites internos. Se dejó todo librado a la división colonial que, como se verifica cada vez que surge un conflicto limítrofe, estuvo errada porque no tomó en cuenta las delimitaciones de los pueblos prehispánicos.
La controversia por Incahuasi es el resultado de esa falta de delimitación pero, por otro lado, es el reflejo de un país en el que el desarrollo es inarmónico y, por lo tanto, lejos del principio del “vivir bien” que, al igual que las autonomías, está constitucionalizado.
Debido al modelo centralista vigente desde 1825, las regiones bolivianas se desarrollaron de manera desigual. El peso económico regional determinó el surgimiento del eje La Paz-Cochabamba-Santa Cruz en detrimento del resto del país que, como consecuencia, se convirtió en la porción nacional postergada en su desarrollo.
Por su peso económico específico y la consecuente migración, el eje concentra a la mayor población del país. Debido a ello, a ningún presidente se le ocurre enfrentarse a un poderío que, a la hora de las elecciones, se traduce mediante el voto.
Gracias a su peso económico y cantidad poblacional, Santa Cruz no sólo crece diariamente sino que ya ha quitado representación parlamentaria a otros departamentos. Poniendo la controversia en una balanza, al gobierno del MAS le conviene más pelearse con Chuquisaca que, según el último censo, tiene poco más de 576.000 habitantes, que con Santa Cruz que está muy por encima de los dos millones y medio de pobladores.
Por tanto, el conflicto no se limita simplemente a las regalías que genera un campo gasífero sino que tiene raíces más profundas, muchas más de las que se podrían analizar en un espacio reducido como este.
Y, precisamente por eso, la resolución de esta controversia no está en el diálogo instalado en Cochabamba sino que pasa por reconocer la inequidad regional que, si de “vivir bien” se trata, está en contra de la Constitución.
La Constitución Política del Estado señala que Bolivia es una nación “con autonomías”. No obstante, una cosa es lo que dice la letra muerta de la ley —en este caso la ley de leyes—y otra, muy distinta, la realidad que se vive día a día
