Una Embajada es una misión diplomática permanente que representa a un Estado dentro de otro. Debido a ello, es una extensión, incluso territorial, del país al que representa. Al representar en la mayoría de los sentidos a un país, debería contar con información completa, más aún que aquella con la que cuentan los medios de comunicación social.
Sin embargo, la información que actualmente manejan algunas embajadas respecto a lo que ocurre en Chuquisaca no sólo está muy distante de la realidad sino que incluso puede calificarse de falsa.
Por lo que se sabe, de manera extraoficial, versiones oficiosas que llegaron hasta más de una embajada dieron cuenta de que la situación social continúa convulsionada en este Departamento. Sobre la base de que se mantiene el estado de emergencia declarado por el campo gasífero Incahuasi, se dice que las medidas de presión prosiguen y, por tanto, es peligroso viajar hasta esta parte del territorio boliviano. Consiguientemente, las legaciones diplomáticas que recibieron esos informes desaconsejan a sus ciudadanos viajar a cualquier lugar que esté en la jurisdicción de Chuquisaca.
Y, como sabemos sobradamente quienes vivimos en este Departamento, todo eso es falso. Si la tensión continuaba en la región de Macharetí, donde no hubo enfrentamientos sino represión ejercitada por las fuerzas de seguridad del Estado en contra de pobladores y universitarios, ésta ya ha desaparecido por cuanto los estudiantes retornaron a Sucre. Salvado ese detalle, la situación social en el Departamento de Chuquisaca es de absoluta tranquilidad.
Hacemos estas puntualizaciones con la esperanza de que las embajadas, y la propia Cancillería de Bolivia, las lean y entiendan que las versiones que recibieron sólo apuntaban a dañar a esta región. Habría que sospechar que el principal responsable de haberlas difundido, o de no desmentirlas, es el Gobierno pues se sabe que algo parecido ocurrió hace casi tres años con Potosí, cuando terminó la huelga de los 27 días y las embajadas también recibieron reportes de que la convulsión social continuaba y que era peligroso viajar a la Villa Imperial. El efecto de esos rumores –porque eran tales– fue que muchas agencias de viaje cancelaron los paquetes anticipadamente comprados y Potosí registró un descenso en su flujo turístico. Debido a lo sensible que resulta el tema de la seguridad para los visitantes, la ciudad del Cerro Rico todavía debe esforzarse para que las cadenas de agencias turísticas, esas que manejan el grueso de los visitantes, la incluyan en sus paquetes.
Se trata, entonces, de represalias. Es sobradamente conocido que el Gobierno no acepta las protestas en su contra y, además de adjudicárselas a la derecha, o de repetir el desgastado discurso del “imperio”, suele castigar a las regiones que hacen uso de su legítimo derecho de protestar por sus justas reivindicaciones. Le pasó a Potosí, que todavía no supera los efectos de sus dos prolongados paros, y todo indica que ahora le toca a Chuquisaca tal y como sucedió en los años posteriores a la denominada crisis de la Capitalidad.
Y la primera señal de esas represalias es la determinación del Ministerio de Educación de trasladar a Cochabamba la reunión de ministros de educación de América Latina y el Caribe que debió realizarse en Sucre, entre el 25 y 26 de julio.
Hay que repetir, entonces, que las versiones son falsas. Aquí, en Sucre, capital de Bolivia y del Departamento de Chuquisaca, la tranquilidad ha retornado y lo propio ocurre en el resto del territorio regional.
Las personas de otros países que compraron anticipadamente paquetes turísticos, atraídos tanto por el carácter patrimonial de Sucre como por los atractivos existentes a lo ancho y largo de su territorio, pueden llegar con tranquilidad, porque no hay amenazas de brotes de violencia.
Es cierto: el estado de emergencia se mantiene pero eso no apareja medidas de presión. Ni siquiera en los momentos de mayor tensión, cuando el paro estaba en su peor momento, se atentó contra la integridad física de nadie, salvo hechos aislados como el ocurrido contra el Gobernador de Chuquisaca.
El estado de emergencia se debe a que, por una parte, esta región no ha renunciado a sus derechos sobre Incahuasi y, por otra, a que todavía sangra la herida por la parcialización con la que ha obrado el Gobierno. Chuquisaca merece una lectura correcta.
La tranquilidad ha retornado a Sucre, capital de Bolivia y del Departamento de Chuquisaca, y lo propio ocurre en el resto del territorio regional. Versiones oficiosas dan cuenta de lo contrario y corresponde al Gobierno desmentirlas para evitar sospechas al ser sobradamente conocido que no acepta las protestas en su contra
